Nuestro tema del día hoy nos invita a reflexionar en estas líneas editoriales por los daños morales que sufrió un ciudadano, a quien se le vio esposado en una silla de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Valledupar, pues su documento de plástico, no la licencia de conducción, resultó ser falso. Esta […]
Nuestro tema del día hoy nos invita a reflexionar en estas líneas editoriales por los daños morales que sufrió un ciudadano, a quien se le vio esposado en una silla de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Valledupar, pues su documento de plástico, no la licencia de conducción, resultó ser falso. Esta situación podría ser la de algunos de los 105 ciudadanos capturados este año por la Policía Nacional que, vale aclarar, cumple con su deber.
El asunto es sencillo: el protagonista de esta historia sacó un duplicado de su licencia de conducción en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar que al ser revisado en un puesto de control fue declarado espurio. Por esta razón el delito imputado ante un juez de control de garantías es falsedad en documentos públicos.
Ante esta situación el afectado tuvo que enfrentar las peripecias propias de los capturados antes, durante y después de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento que por fortuna resultó ser no privativa de la libertad, pues así lo consideró un juez.
Esta vivencia puede ser una pesadilla para aquellos que jamás han cometido un delito como es el caso. La pregunta es: de comprobarse que no cometió ninguna contravención o delito, no falsificó, pagó el documento, fue entregado por la ventanilla del Tránsito que a su vez tiene un proveedor avalado por el Ministerio de Transporte, ¿quién responde por los daños morales que ha sufrido el ciudadano?
Es importante que las autoridades revisen este caso y otros que se han presentado en Valledupar, en donde han aumentado un 30 % los casos de capturas por esta misma situación durante el 2019.
Confiamos en la institucionalidad y eso implica que debemos confiar en quien ella confíe para suministrar servicios y productos, pero también exigimos que se vigilen los procesos para que por sus fallas, las más mínimas, un ciudadano no tenga que dormir esposado y enfrentado ante un juez y todo lo que esto acarrea para la moral, la salud y el buen nombre de los ciudadanos.
Esta misma situación puede ocurrir con las cédulas, los SOAT, certificados tecnicomecánicos, hasta las placas de vehículos y el popular ‘gemeleo’, situación por la que inocentes vana a la cárcel.
Es esta una cadena de situaciones terribles para las personas, que nace en la negligencia por omisión y hasta por acción. Esperamos poder contar con la idoneidad de las entidades que tienen entre sus funciones garantizarles a los ciudadanos que lo que ofrecen es de la total calidad y buena procedencia, al final de cuentas las personas lo que menos esperan es una noche tras las rejas porque alguien no hizo bien su trabajo.
Nuestro tema del día hoy nos invita a reflexionar en estas líneas editoriales por los daños morales que sufrió un ciudadano, a quien se le vio esposado en una silla de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Valledupar, pues su documento de plástico, no la licencia de conducción, resultó ser falso. Esta […]
Nuestro tema del día hoy nos invita a reflexionar en estas líneas editoriales por los daños morales que sufrió un ciudadano, a quien se le vio esposado en una silla de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Valledupar, pues su documento de plástico, no la licencia de conducción, resultó ser falso. Esta situación podría ser la de algunos de los 105 ciudadanos capturados este año por la Policía Nacional que, vale aclarar, cumple con su deber.
El asunto es sencillo: el protagonista de esta historia sacó un duplicado de su licencia de conducción en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar que al ser revisado en un puesto de control fue declarado espurio. Por esta razón el delito imputado ante un juez de control de garantías es falsedad en documentos públicos.
Ante esta situación el afectado tuvo que enfrentar las peripecias propias de los capturados antes, durante y después de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento que por fortuna resultó ser no privativa de la libertad, pues así lo consideró un juez.
Esta vivencia puede ser una pesadilla para aquellos que jamás han cometido un delito como es el caso. La pregunta es: de comprobarse que no cometió ninguna contravención o delito, no falsificó, pagó el documento, fue entregado por la ventanilla del Tránsito que a su vez tiene un proveedor avalado por el Ministerio de Transporte, ¿quién responde por los daños morales que ha sufrido el ciudadano?
Es importante que las autoridades revisen este caso y otros que se han presentado en Valledupar, en donde han aumentado un 30 % los casos de capturas por esta misma situación durante el 2019.
Confiamos en la institucionalidad y eso implica que debemos confiar en quien ella confíe para suministrar servicios y productos, pero también exigimos que se vigilen los procesos para que por sus fallas, las más mínimas, un ciudadano no tenga que dormir esposado y enfrentado ante un juez y todo lo que esto acarrea para la moral, la salud y el buen nombre de los ciudadanos.
Esta misma situación puede ocurrir con las cédulas, los SOAT, certificados tecnicomecánicos, hasta las placas de vehículos y el popular ‘gemeleo’, situación por la que inocentes vana a la cárcel.
Es esta una cadena de situaciones terribles para las personas, que nace en la negligencia por omisión y hasta por acción. Esperamos poder contar con la idoneidad de las entidades que tienen entre sus funciones garantizarles a los ciudadanos que lo que ofrecen es de la total calidad y buena procedencia, al final de cuentas las personas lo que menos esperan es una noche tras las rejas porque alguien no hizo bien su trabajo.