El fenómeno del desplazamiento cambió el ADN de Colombia. La recomposición social que vivió el país en las últimas tres décadas hizo que las poblaciones cambiaran, ya no son los mismos, son diferentes las costumbres, los amigos, las familias.

Valledupar alberga más de cien mil desplazados, que llegaron en busca de refugio, huyendo de la violencia que los hizo salir de su terruño o tal vez atraídos por la llamativa oferta institucional que había para esta población. Pero no solo llegaron a Valledupar, se fueron de un corregimiento a otro, de un municipio a otro y de una ciudad a otra.

Esto obligó al Gobierno Nacional a buscar una solución para atender esta realidad. Crearon en 1997 el Sistema NacionGal de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) “para responder con calidad, calidez y oportunidad a las necesidades de los colombianos y colombianas que se han desplazado, que integra los intereses y recursos de distintas entidades públicas, privadas y comunitarias, con el fin de cualificar esfuerzos y comprometer voluntades para generar acciones y lograr respuestas de impacto a la población y el territorio, desde una mirada nacional regional y local”.

Este Sistema tenía todas las herramientas para responder, pues lo conforman 28 instituciones (ministerios, organismos de control, ministerio público y entidades descentralizadas). Los desplazados se convirtieron en una ‘papa caliente’ para muchos alcaldes y gobernadores en Colombia. La falta de experiencia, la corrupción y la voluntad política han sido obstáculos para atender a esta población que ha tenido que marginarse socialmente, esperando la respuesta del Estado o aprovechándose de ella. Sistema que se reforzó con la Ley 1448 de 2011 que aumentó el número de instituciones al servicio de las víctimas, entre ellas los desplazados.

Por eso no extraña que la Procuraduría General de la Nación abriera indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.

Es un proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla.

Esa investigación que apenas inicia es fácil de contrastar con la realidad. En Valledupar por ejemplo solo basta con visitar las invasiones que existen en la ciudad, ahí viven cientos de desplazados, desempleados, enfermos, sin tierra, sin nada.

En el Cesar las alcaldías de Chimichagua, Valledupar y El Copey son investigadas para saber por qué no respondieron de manera efectiva a los desplazados, como respuesta a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.