El Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías decidió dejar en libertad al fiscal Guillermo Segundo Díaz García, implicado en un posible caso de corrupción con exdetectives del CTI de la Fiscalía en el municipio de Chiriguaná, Cesar.

El togado consideró que no se cumplía todos los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que indica que para colocar una medida de aseguramiento privativa de la libertad, se debe demostrar que el implicado representa un peligro para la sociedad, obstruirá la investigación y no comparecerá ante la justicia.

Pese que la Fiscalía 70 de Bogotá delegada ante el Tribunal Superior pidió una medida en centro carcelario con base a los detalles y pruebas de las presuntas conductas punibles del funcionario, el juez consideró que la calificación jurídica de los delitos no eran suficientes para conceder dicha petición.

“Esas inferencias permiten deducir la posible autoría o participación que le puedan asistir por los delitos (…), es además el primer requisito para estructurar la medida o imposición de esta deprecada por la Fiscalía. Y esas inferencias se encuentran estrechamente vinculadas con cada una de las conductas imputadas al doctor García. Entonces, en este escenario propio hay que advertir que la calificación jurídica del delito no es suficiente para establecer la concurrencia de los tres requisitos adicionales que consagran la Ley 308 que de manera exacta expresa, qué se requiere para la exposición de la medida por parte del legislador y que se nos exige a los jueces de controles de garantías”, expresó el togado en la continuación de audiencia concentrada en el Palacio de Justicia de Valledupar.

Entre tanto, el ente acusador apeló la decisión bajo el argumento que si existen los fines para que sea privado de la libertad; sin embargo, hasta que no sea resuelta el fiscal 24 de Chiriguaná enfrentará el proceso sin estar privado de la libertad por los delitos imputados en su contra de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y favorecimiento agravado.

A Guillermo Segundo Díaz García, las autoridades lo acusan de omitir muchos procesos de su competencia en el caso de extorsión en el que están involucrados los exfuncionarios del CTI, José Luis Villalobos Contreras y Nelson Ricardo Montalvo Cortina, en hechos denunciados el 10 de marzo del año 2015 por un ciudadano que pagó $30 millones para que le devolvieran una mercancía de contrabando.