En días pasados, escándalos sexuales han eclipsado el drama más doloroso que está sufriendo Colombia, que es la falta de atención a aquellos que deberían el objetivo máximo del cuidado del Estado: nuestros niños.
La comisión de Derechos Humanos del Senado viene trabajando activamente para hacer los controles necesarios en aras de visibilizar esta situación y de proteger debidamente a nuestros menores. En consecuencia, la semana pasada, por iniciativa del senador Alexander López, realizamos una audiencia de casi siete horas de duración, en el Capitolio Nacional, en la cual se buscó hacer control político al ICBF sobre la crisis de desnutrición de los niños wayuu, en La Guajira (a la cual hemos venido desarrollando veeduría, con informes médicos y sociales más que alarmantes) y sobre otra crisis, menos conocida: la de las madres comunitarias en todo el país.
Paradójicamente, quien no se hizo presente en la audiencia fue la directora del ICBF, Cristina Plazas, quien, de este modo, además de no cumplir con sus funciones de proteger a los niños colombianos, falta nuevamente a su obligación de rendir cuentas ante el Congreso.
La mayor parte del tiempo consagrado a la audiencia fue invertida en oír con atención las quejas de madres comunitarias venidas de todo el país. Sus acusaciones más frecuentes eran por causas tan graves como la desatención e improvisación en la atención a los niños, así como en la entrega de alimentos y servicios por parte del ICBF o sus operadores; irregularidades en la contratación de asociaciones y operadores para el año 2016 y en el proceso de calificación de estándares del año 2015, y, muy especialmente, la vulneración de los derechos de madres y trabajadores en la contratación laboral para el año 2016. De estas revelaciones, lo más delicado fue escuchar reiteradamente que, por la no contratación de madres comunitarias para el cuidado de los niños, más de 300.000 de ellos quedarán desprotegidos.
Este gobierno se comprometió a tener como pilares la paz, la protección a la niñez y la equidad, pero lo único cierto es que, viendo los resultados del ICBF, la niñez sigue siendo la población más desamparada del país. El hecho de que, en lo que va corrido del 2016, según el Instituto Nacional de Salud, hayan fallecido seis niños solo en La Guajira, por desnutrición y por abandono del Estado, es la sumatoria de las equivocaciones y de la falta de compromiso, de responsabilidad y de capacidad de Cristina Plazas, al frente del ICBF.
Si las cabezas de la Defensoría del Pueblo y de la Policía han caído recientemente por escándalos relacionados con asuntos de intimidad, el hecho de que estén muriendo niños de hambre en toda la geografía nacional merece, indudablemente, que rueden las cabezas de los responsables, en pos de contratar a personas ejemplares, con capacidad técnica y compromiso moral.
No queremos discursos de funcionarios tomándose fotos con niños enfermos ni queremos más shows publicitarios, sino acciones efectivas del Estado. ¡No más dilaciones! ¡No más excusas! Queremos que el ICBF nos muestre una política seria en la que se erija como principal lo que siempre debió haber sido prioritario: la seguridad alimentaria y el cuidado integral de la niñez.
Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado