En pleno desarrollo de la versión número 58 del Festival de la Leyenda Vallenata, lo ideal sería hablar de temas folclóricos y de la grandeza cultural de nuestra tierra, pero no, obligatoriamente nos corresponde abordar los lamentables y repudiables hechos de violencia registrados esta semana en Valledupar.

El crimen cometido contra el líder sindical Walberto Quintero Medina y la circulación de panfletos amenazantes, presuntamente de parte del Clan del Golfo, contra la vida de
jueces y fiscales en el departamento del Cesar constituyen los lunares que empañan el ambiente de alegría de nuestro certamen folclórico.

No se puede permitir que el jolgorio que emana de nuestro máximo evento folclórico oculte los graves hechos de violencia contra líderes sindicales y los representantes de la justicia en un departamento que por décadas ha sufrido las consecuencias del conflicto armado en sus distintas facetas.

Las amenazas en estos momentos se ciñen de manera puntual contra los servidores de la justicia y líderes sociales, pero es obvio que esa es una situación que no exceptúa a ningún ciudadano de la región y por ende la zozobra se generaliza en razón a que hoy es contra un sector específico, pero mañana podría ser cualquier otro el blanco de los grupos armados ilegales.

Esperemos que los pronunciamientos de rechazo y repudio hechos, por un lado, del presidente Gustavo Petro, quien responsabilizó al Clan del Golfo del asesinato del líder sindical Walberto Quintero Medina, y por otra parte, mediante un video en redes sociales, de la magistrada Magda Acosta, presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial, no solo tengan eco en todas las instancias comprometidas con la seguridad de la gente, sino que además se traduzcan en acciones concretas que permitan recuperar la tranquilidad ciudadana.

“Desde la Comisión de Género de la Rama Judicial se rechaza de manera contundente las amenazas que están ejerciendo de forma indebida los llamados Clan del Golfo en nuestra Seccional de Cesar, no es posible que nuestros funcionarios y empleados judiciales no puedan desempeñar todo su ejercicio de manera autónoma y libre”, fue el pronunciamiento de la magistrada Acosta, al tiempo que anunció acompañamiento a las mujeres y demás funcionarios que laboran con el distrito judicial.

A su vez, el presidente Petro aseguró que “la ofensiva contra los negocios ilícitos del Clan y sus bienes debe ser total. Yo no admito chantajes”, fueron los términos empleados por el mandatario de los colombianos.

También se habla del supuesto plan pistola contra agentes de la Policía Nacional que se lleva a cabo en otras regiones del país, pero que en el Cesar y Valledupar no dejan de inquietar.

Estamos entonces entre unas grandes festividades y una triste y dolorosa realidad, lo importante es que el entusiasmo que genera nuestra música no silencie el clamor de la justicia. Es preciso aclarar que no se trata de oponerse a la celebración de nuestras tradiciones, sino de recordar que una sociedad que canta también debe tener la capacidad de llorar, de indignarse y de exigir ante la delicada situación de violencia que cada vez se asoma en la esquina más cercana, como pasó ayer en las calles de Valledupar, con otro homicidio.

A pesar de la alta presencia policial, esta no debe limitarse a la zona norte de la ciudad, lugar de mayor concurrencia en el Festival.