No es tozudez, sino que no debe decaer el empeño en procura de conservar completo el ‘Cerro de Hurtado’ como zona de reserva forestal ecológica y patrimonio de la ciudad de Valledupar.

Si bien, la justa y compacta protesta de los que de veras queremos la preservación intacta de los ecosistemas urbanos de Valledupar, que, sin duda alguna, somos la mayoría de sus habitantes, obligó a suspender la destrucción del cerro para construir viviendas familiares, no ignoremos que tal suspensión podría ser transitoria si no proseguimos con mayor ahínco en la defensa del ‘Cerro de Hurtado’, que no solo engalana a nuestra querida ciudad, sino que también es uno de los pulmones que la oxigenan y ayudan a contener el cambio climático que tantos estragos produce al medio ambiente y, por ende, a toda la humanidad.

Quiero dejar bien claro que esta insistencia no tiene ningún interés político ni protagónico y mucho menos económico. Somos defensores a ultranza del medio ambiente, con el ánimo de que se arregle este problema crónico; en consecuencia, nuestra puja no es excluyente, por consiguiente, bienvenidos todos los que quieran sumarse a esta noble causa.

Yo vivo en el barrio Santa Rosalía en cuya parte sur queda la manzana F (la de la discordia), cuyos predios se extienden desde la orilla del ‘Cerro de Hurtado’ hasta 30 o más metros lineales hacia su cúspide. Para construir viviendas en esa zona se requiere la demolición de gran parte de la falda del cerro que, en realidad, es la base de su estabilidad, que impide su derrumbe por los aguaceros en épocas lluviosas.

La escritura pública de mi vivienda relata la procedencia del barrio Santa Rosalía. En una de sus partes dice que Construcciones e Inversiones Santa Rosalía Ltda., adquirió ese terreno por aporte de José Guillermo Castro Castro (más conocido como Pepe Castro), según escritura 3819 del 24-07-75, Pepe Castro la adquirió por prescripción según sentencia del 12-06-63, juez civil de Valledupar; la otra parte del terreno se la compró a Sebastián Martínez Maestre en 1959, este se la compró a Pedro Gámez en 1944 y este se la compró a María concepción P. de Baute en 1927. En fin, algunos herederos de Pepe Castro, célebre personaje por las beneficiosas obras que le hizo a Valledupar como ciudadano, alcalde, congresista y gobernador del departamento del Cesar, vendieron lotes a otras personas que poseen las respectivas escrituras públicas.

En 1996, el Concejo Municipal de Valledupar, mediante el acuerdo 032 del 9 de agosto de ese mismo año, declaró al cerro de la Popa y el de Hurtado como zonas de reserva ecológica y patrimonios de la ciudad de Valledupar.

Antes de que el cerro de Hurtado fuera patrimonio público, alguno de los propietarios de los lotes ubicados en la susodicha franja intentó construir su vivienda y por la fuerte protesta de entonces suspendió la destrucción del cerro. Ahora ha ocurrido lo mismo. Y proseguimos en la defensa del preciado cerro, con el propósito de que desaparezca la amenaza que lo destruiría. Es evidente que el actual alcalde de Valledupar, Mello Castro González, está inmerso en conflicto de interés. En mi columna del jueves pasado hice la sugerencia para evitar la posible catástrofe ambiental.

Aunque el nuevo POT de Valledupar permita la construcción en dicha franja de terreno, los propietarios de los lotes deben entender que el derecho público prima sobre el derecho privado. La solución de este problema es responsabilidad, principalmente, del alcalde y del Concejo Municipal y hay múltiples maneras de hacerlo sin perjudicar a los propietarios de los lotes y me atrevo a decir que la gran mayoría de los propietarios por escrituras públicas están dispuestos a negociar las propuestas de arreglo.