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Columnista - 1 noviembre, 2013

Problemas estructurales de la ciudad (2)

Por José Gregorio Díaz Calderón* La mejora de las condiciones económicas y sociales de toda comunidad está vinculada a su buena gobernanza fiscal y al fortalecimiento de sus sistemas fiscales, que es el resultado de un pacto invisible de confianza y reciprocidad entre los hacedores de la administración elegida mediante el ejercicio democrático que realiza […]

Por José Gregorio Díaz Calderón*

La mejora de las condiciones económicas y sociales de toda comunidad está vinculada a su buena gobernanza fiscal y al fortalecimiento de sus sistemas fiscales, que es el resultado de un pacto invisible de confianza y reciprocidad entre los hacedores de la administración elegida mediante el ejercicio democrático que realiza el elector primario y la posterior ejecución del Plan de Desarrollo que propone atender los problemas la comunidad.

Es decir, más allá de la filosofía de la cosa pública, los indicadores de gobernanza fiscal y autonomía local para invertir en la solución de sus propias necesidades, muestran sin lugar a duda la confianza de los habitantes de la ciudad para con la calidad ejecutiva de sus administraciones. Los impactos de las obras y programas que ejecuta la administración pública retundan en suma medida en la pereza o el apremio de la base social que contribuye con sus impuestos a la construcción de una ciudad con calidad de vida.

Desde hace varias administraciones se viene expresando que el número de personas obligadas a pagar crece, pero que la base efectiva que contribuye está estancada: un dato histórico que debería preocupar a la dirigencia local y a todos los estamentos de ciudad. Según Hacienda Municipal, en 2012 el número de personas que deberían pagar impuesto predial era cercano a 106 mil, solamente el 24% efectúo el pago de forma cumplida, incluso sin quejarse de las periódicas alzas en las tarifas que valorizan artificialmente el valor del suelo, una fórmula ajena a la realidad socio económica de los propietarios, pero que se ha institucionalizado para elevar los ingresos directos de los entes territoriales. ¿Qué sucede con el restante 76% de los contribuyentes que no efectúan el pago? 

Todo encargado de política pública entiende que con esta desnutrición de recursos la situación se torna insostenible a mediano plazo, pues tendrá que implementar políticas disuasivas como los embargos, vender activos del municipio, gestionar recursos en el Gobierno Central y recurrir a un mayor cupo de endeudamiento para cumplir con el programa que gustó en el electorado primario. 

Este alarmante número de personas que evaden y eluden el pago, es una muestra de la cultura del no pago o expresan un descontento, desconfianza hacia la forma en que se reinvierten los recursos que llegan a la ciudad y esto merece más que una estrategia de presión: diálogo.

*Coordinador Programa ‘Valledupar Cómo Vamos’.

Columnista
1 noviembre, 2013

Problemas estructurales de la ciudad (2)

Feel the sand on your feet, not your wardrobe weight.
José Gregorio Díaz Calderón

Por José Gregorio Díaz Calderón* La mejora de las condiciones económicas y sociales de toda comunidad está vinculada a su buena gobernanza fiscal y al fortalecimiento de sus sistemas fiscales, que es el resultado de un pacto invisible de confianza y reciprocidad entre los hacedores de la administración elegida mediante el ejercicio democrático que realiza […]


Por José Gregorio Díaz Calderón*

La mejora de las condiciones económicas y sociales de toda comunidad está vinculada a su buena gobernanza fiscal y al fortalecimiento de sus sistemas fiscales, que es el resultado de un pacto invisible de confianza y reciprocidad entre los hacedores de la administración elegida mediante el ejercicio democrático que realiza el elector primario y la posterior ejecución del Plan de Desarrollo que propone atender los problemas la comunidad.

Es decir, más allá de la filosofía de la cosa pública, los indicadores de gobernanza fiscal y autonomía local para invertir en la solución de sus propias necesidades, muestran sin lugar a duda la confianza de los habitantes de la ciudad para con la calidad ejecutiva de sus administraciones. Los impactos de las obras y programas que ejecuta la administración pública retundan en suma medida en la pereza o el apremio de la base social que contribuye con sus impuestos a la construcción de una ciudad con calidad de vida.

Desde hace varias administraciones se viene expresando que el número de personas obligadas a pagar crece, pero que la base efectiva que contribuye está estancada: un dato histórico que debería preocupar a la dirigencia local y a todos los estamentos de ciudad. Según Hacienda Municipal, en 2012 el número de personas que deberían pagar impuesto predial era cercano a 106 mil, solamente el 24% efectúo el pago de forma cumplida, incluso sin quejarse de las periódicas alzas en las tarifas que valorizan artificialmente el valor del suelo, una fórmula ajena a la realidad socio económica de los propietarios, pero que se ha institucionalizado para elevar los ingresos directos de los entes territoriales. ¿Qué sucede con el restante 76% de los contribuyentes que no efectúan el pago? 

Todo encargado de política pública entiende que con esta desnutrición de recursos la situación se torna insostenible a mediano plazo, pues tendrá que implementar políticas disuasivas como los embargos, vender activos del municipio, gestionar recursos en el Gobierno Central y recurrir a un mayor cupo de endeudamiento para cumplir con el programa que gustó en el electorado primario. 

Este alarmante número de personas que evaden y eluden el pago, es una muestra de la cultura del no pago o expresan un descontento, desconfianza hacia la forma en que se reinvierten los recursos que llegan a la ciudad y esto merece más que una estrategia de presión: diálogo.

*Coordinador Programa ‘Valledupar Cómo Vamos’.