El balance del primer año del gobierno del presidente Petro estuvo marcado por el hundimiento de sus principales reformas en el Congreso de la República; la caída de los sectores de la economía; el deterioro del orden público; tres crisis ministeriales; escándalos de filtración de dineros en su campaña presidencial; los constantes viajes al exterior y la escasa ejecución del presupuesto de inversión.
Este panorama político y económico puede complicársele aún más con la llegada del fenómeno de El Niño, la ola de violencia de los grupos guerrilleros y las elecciones de gobernadores y alcaldes. Ante esta difícil coyuntura, el presidente Petro, debería buscar un consenso nacional con los partidos políticos y sectores productivos, para construir sobre lo “fundamental” una hoja de ruta que le permita recuperar el orden público y la economía. Se trata de acordar, desde ya, un plan de trabajo con los sectores de la industria y comercio, infraestructura y vivienda, minero energético, agropecuario, transporte y gobernadores.
En la cartera agropecuaria, por ejemplo, podríamos construir, con la ministra Jenifer Mojica, unas líneas de acción que le permitan obtener victorias tempranas en los programas del gobierno, ya que dependen más del “cómo hacer” que del “con qué hacer”. Tal es el caso de la Reforma Agraria Integral. Ahí se puede avanzar mucho más rápido si la Agencia Nacional de Tierras, divide en tres grupos las tareas: Un grupo que se encargue de adjudicar el millón de hectáreas que están parqueadas en el Fondo de Tierras; otro que se dedique a agilizar los procesos de recuperación de baldíos que no están ocupados, y un tercer grupo, dedicado a coordinar la compra de tierras mediante subasta inversa a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. La Agencia de Desarrollo Rural, que se dedique a estructurar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos productivos integrados a núcleos agroindustriales y prestar el servicio de asistencia agronómica.
Para recuperar la caída precipitosa de los créditos al sector agropecuario este año (-2,7 billones de pesos), podemos ayudar a reformular el fracasado plan indicativo de crédito de Finagro, redireccionar los recursos de subsidios a inversiones que mejoren la productividad del campo, crear nuevas líneas de crédito que fomenten los núcleos agroindustriales, reformar el seguro agropecuario y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y modificar la absurda e incoherente clasificación de los tipos de productores.
Para voltear el alto déficit de la balanza comercial agrícola, producto de los mal negociados TLC con Estados Unidos y Unión Europea, entre otros, podemos ayudar a enfocar mejor los recursos para incentivar la productividad y competitividad de los agronegocios. Por ejemplo, otorgando un incentivo a inversiones en sistemas de riego y enmienda de suelos; ayudándole al ICA, como agilizar los procesos de importación de semillas y exportación de alimentos; indicándole a Finagro y Banco Agrario, como establecer cupos de créditos de fomento por subsector a plazos de 20 años, y entregándole al Invias, un mapa con las carreteras que se deben intervenir en las principales zonas de producción para garantizar el transporte de los agroinsumos y las cosechas.
Por: Indalecio Dangond.