La Gobernación del Cesar, en cabeza del secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, organizó una reunión con alcaldes, gremios, academia y comunidad civil para analizar los efectos del Decreto 0488 promovido por el Gobierno nacional.

Firmado el pasado 5 de mayo, por medio de este decreto se estableció el marco normativo de los ‘Territorios indígenas’ como entidades político-administrativas especiales, reconociendo su autonomía y competencias en sectores clave como salud, educación, ordenamiento territorial y saneamiento básico. 

Además, este decreto promovió la figura de la objeción cultural, que les permite a las comunidades rechazar proyectos que ellos consideran atentan contra su identidad o cosmovisión. Este decreto generó preocupaciones en diversos sectores por la falta de claridad de lo que serían los territorios indígenas. 

En la reunión se analizó el decreto y la propuesta de delimitación del territorio ancestral presentada por la comunidad yukpa, la cual ha generado polémica porque incluye más de 870.000 hectáreas que abarcan siete municipios del Cesar: Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, San Diego y Manaure. 

¿Qué dicen los alcaldes?

Durante la reunión, los alcaldes y autoridades manifestaron su preocupación. “La ampliación de los resguardos indígenas cobija la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico, quiere decir que cualquier tipo de inversiones que se vaya a hacer en el municipio tendríamos que consultarle a los cabildos indígenas, hasta para poder pavimentar una calle o hacerle una dotación a un colegio”, dijo el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leo Hernández. 

Contexto: El decreto que podría transformar el ordenamiento territorial de siete municipios del Cesar

Y agregó: “Esto puede generar una guerra civil entre campesinos y el pueblo yukpa, ya lo vivimos en el municipio de Agustín Codazzi.  Se está actuando de manera desigual porque están afectando a un pueblo de más de 50.000 habitantes. En La Jagua de Ibirico nunca ha habido resguardos, lo hemos consultado con los historiadores, nosotros somos una población afrodescendiente”. 

En total, son más de 870.000 hectáreas que los yukpas consideran como territorio ancestral porque, en algún momento, tuvieron presencia o pasaron por allí dentro de su comportamiento nómada. En ese sentido, Codazzi es uno de los municipios con más territorio comprometido dentro de la petición. Incluso ya se han registrado conflictos entre campesinos e indígenas. 

catastrales, procesos tributarios y gobierno a la comunidades indígenas que hace que los entes territoriales se alerten”, dijo Hernán Baquero, alcalde de Codazzi. 

Opinión similar compartió el alcalde de Curumaní, Hermes Martínez. “Nosotros respetamos las etnias y la autodeterminación, pero Curumaní no tiene resguardos, asentamientos ni identidad con esta etnia para que se apropien de nuestro territorio de la noche a la mañana. Queremos evitar conflictos y problemas con los campesinos, que llevan años luchando por la tierra y que quieren que les titulen sus tierras”, sostuvo el mandatario. 

Juan Carlos García, alcalde de Chiriguaná, también señaló que no hay registro histórico de la comunidad yukpa en su municipio. “Chiriguaná en ningún momento ha sido un municipio con influencia yukpa. Somos un municipio de tradiciones afro”. 

Implicaciones del territorio ancestral 

Aunque no serían propietarios de esos predios, en caso de ser aceptada su solicitud, el Decreto 0488 de 2025 les da poder y participación en cada una de las decisiones que se tomen en esos territorios. Por ejemplo, tendrían que ser consultados para la ejecución de obras públicas, proyectos privados, producción agrícola, entre otras iniciativas. 

Dentro de la delimitación que piden los yukpas como territorio ancestral operan empresas mineras como Drummond, Prodeco y Fenoco; cruza la Ruta del Sol, y empresas del sector agro con siembra de palma y ganadería. La mayoría de estas empresas tendrían que realizar consultas para continuar sus operaciones.

Además del territorio ancestral, los yukpas también le pidieron a la Agencia Nacional de Tierras delimitar casi 350.000 hectáreas como resguardos indígenas, es decir, que las titulen a su nombre. 

En este caso, incluyen predios del municipio de Curumaní, Chimichagua, La Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín Codazzi. De ser aceptada esta solicitud por parte de la ANT, los yukpas se convertirían en una autoridad dentro de estos municipios.