Ante el Proyecto de Ley que busca regular las actividades económicas en establecimientos comerciales, los compositores del país sienten preocupación puesto que uno de los objetivos de la iniciativa es la no exigencia de la documentación legal en los sitios públicos.

Rafael Manjarrez, compositor guajiro e integrante del Consejo Directivo de Sayco, señaló que la organización Sayco y Acinpro hace un cobro a los establecimientos comerciales por el uso de las obras musicales, pero al ser aprobada la ley esta tarifa no podría ser garantizada para los autores. Por lo anterior, les asalta el temor que con la aprobación del proyecto, que pasa a su tercer debate, se deje de solicitar el paz y salvo del pago de los derechos de autor.

“Somos diez mil autores que quedaríamos desprotegidos porque el cobro del derecho de autor se convertiría en una ‘izada a la bandera’. Se pretende remitir al ámbito administrativo en las alcaldías y ellos no van a pelear con las clases sociales de los tenderos y establecimientos públicos”, recalcó Manjarrez.

En el segundo debate del proyecto el Congreso se llenó de artistas musicales colombianos de todas las generaciones como Omar Geles, Emiliano Zuleta, Wilfran Castillo, entre otros,  que pedían que no fuera aprobada la iniciativa.

VOZ DEL PONENTE , DEL PROYECTO

El representante a la Cámara Edward Rodríguez, ponente del proyecto, afirmó a la F.M. que lo que se busca es evitar el abuso de algunos agentes de Policía que ejecutan el cierre inmediato de un establecimiento por el hecho de faltarle algún documento, pero se les otorga un mes de plazo a los propietarios y comerciantes para completar los requisitos requeridos para el funcionamiento del lugar.

“Con la nueva ponencia se protege a los autores del país, pero también se cumple con el objetivo de cerrar vacíos jurídicos que dejó el Código Nacional de Policía”, señaló.

Aseguró que se han presentado casos de “abuso de poder y en algunos de corrupción al afectar el libre desarrollo de la actividad comercial de los propietarios de locales a los cuales se les ha cerrado sus establecimientos, sin que medie algún tipo de reclamo”.

Según cifras citadas en el proyecto, tan solo en el 2018 se cerraron 136.000 establecimientos comerciales, lo que ha provocado un gran malestar por parte de los comerciantes.

Por Annelise Barriga Ramirez / EL PILÓN
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