Opiniones a favor y en contra frente al Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral, contemplada en el acuerdo final de paz con las Farc, en materia de tierras. El procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras, fueron algunos de los temas expuestos ayer en el foro ‘Seguridad Jurídica y Ordenamiento de la Propiedad Rural en Colombia’.
El director general de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, Felipe Fonseca Fino, dio a conocer que el Cesar tiene la particularidad que en sus 2.2 billones de hectáreas hay aproximadamente 43 mil predios y que hay una serie de condicionantes que configuran los procesos de acceso y formalización, que son el objeto del decreto en mención, recientemente expedido con fuerza de ley por el uso de las facultades presidenciales.
Además indicó que gran parte del territorio es objeto de la sustracción de una gran reserva forestal y aún persisten en el territorio más o menos 600 mil hectáreas de zonas de reserva forestal, ya que estas sustracciones tienen como objeto fundamental dotar progresivamente a sujetos de reforma agraria a beneficiario de título gratuito o parcialmente gratuito de la adjudicación.
“Está identificada la propiedad privada, pero lo que quiere el gobierno nacional con el decreto de acceso y de formalización es promover la seguridad jurídica de la propiedad privada y privilegiar a la población vulnerable con acceso de tierras de la nación”, acotó.
Al indagarle sobre los temores de riesgo de expropiación, desmintió tajantemente esta aseveración, argumentando que “la expropiación es un mecanismo que ha existido desde la década del 60 para que se adquiera a favor de la Nación y se le compre a propietarios predios por donde va prestar su servicio, por utilidad pública, como cuando se va a construir una vía o una servidumbre; y la extinción del dominio, que es una sanción por lavado de activos o bienes de narcotráfico, que lo hacía el Incora o Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, procedimiento que se traslada ahora a un juez cuando no se cumpla la función social que tiene la propiedad”.
Fonseca Fino enfatizó que el decreto promueve el acceso, la formulación de la propiedad privada, la mejora del procedimiento único, ser más eficiente por oferta única planificada, especialmente en la constitución de un fondo que promueva que más campesinos sean propietarios.
Por su parte, el director de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez Reyes, manifestó que lo que está en discusión son los acuerdos del Teatro Colón, más que lo estipulado en los acuerdos de La Habana, donde la discusión gira alrededor si el punto uno va a afectar o no a los colombianos con tierras, en qué cantidad puede afectar la propiedad rural en Colombia y qué tantas transformaciones puede darse a partir de ese punto acordado en el agro nacional.
“Las implicaciones que tienen estos acuerdos en el agro son sobre la tenencia y el uso, que creo que no será afectado por efectos de los acuerdos. Hay siete millones de hectáreas que son de propiedad de productores, de campesinos, de comunidades indígenas, de empresarios y de clase media, que pueden tener líos de escrituración, que seguramente se resolverán con políticas de actualización de catastro rural; y existen otras tres millones de hectáreas que se suponen se van a entregar a 800 mil familias de campesinos, pero en un proceso que puede ser de 10 a 15 años, dependiendo de la compra de estas tierras, que se terminen una serie de procesos para recuperar baldíos de la nación y lo que tiene que ver con tierras quitadas al narcotráfico y a acciones delictivas”, explicó.
Lo anterior, según Gutiérrez Reyes, seguramente será un proceso largo. “Si esto se da, será bueno, pero no implica un hecho en la transformación productiva del país, porque eso implica de otros escenarios de políticas económicas y el primer punto tiene que ver con los tratados de libre comercio. Sin duda afecta la propiedad y al trabajo nacional, en el sentido del daño que se genera a los trabajadores que dependen de la producción agropecuaria del país”, comentó.
A su turno, el exsuperintendente de Notariado y Registro y presidente del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, esbozó una posición más crítica. “Creo que la improvisación de la Agencia Nacional de Tierras es total, todos los días salen con un decreto distinto. Con el anterior decreto tuvimos que ser unos críticos vigorosos, afortunadamente el Gobierno tomó la decisión de retirarlo, y este nuevo me temo que es inconstitucional porque no se tuvo en cuenta a los afrodescendientes en la estructuración del proyecto y los derechos adquiridos de más de 40 mil personas radicados en el antiguo Incoder no se tuvieron en cuenta. Llevan a la Agencia Nacional de Tierras a tener funciones judiciales y esas no son funciones de un ente administrativo. Todo ello lleva a hacer las cosas con rapidez y sin el análisis requerido”, sustentó.
Frente al proyecto de tierras dijo que hay que recordar que Colombia viene de una guerra de 50 años generada por tierras; “no sé porque quieren meter de manera irresponsable un proyecto de ley de tierras vía ‘fast track’ faltando un año para terminar el gobierno presidencial, donde en el Congreso se manejará un tema de política. Considero que no es el momento; lo ideal sería hacer un acuerdo nacional de todos los partidos y llevarlos después al Congreso de la República”.
Panorama del Cesar
El departamento del Cesar tiene 2.256.550 de hectáreas y una producción agrícola de 594.644 toneladas. Los principales cinco productos en cuanto a su producción son, en su orden: palma de aceite, yuca, arroz, maíz y café. Cesar tiene 444.051 hectáreas potenciales para actividades agrícolas, 1.006.619 hectáreas aptas para plantaciones forestales con fines comerciales, 617.279 hectáreas aptas para el cultivo comercial de cacao y 525.203 hectáreas aptas para el cultivo comercial de palma de aceite.
Así lo dieron a conocer voceros de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, acotando que: en el 73% de los suelos agrícolas del Cesar no se cultiva, la agricultura adecuadamente desarrollada es del 27 %, representado en 163.517 hectáreas; el potencial para las actividades agrícolas es del 73 %, con 444.051 hectáreas; y existen suelos agrícolas disponibles de 607.567 hectáreas, lo que representa el 27 % del departamento.
Por su parte, el secretario de Agricultura del Cesar, Carlos Eduardo Campo Cuello, mostró las ventajas comparativas del Cesar como: tener 640.000 hectáreas sin restricción para el desarrollo agropecuario, por lo que se ubica como el sexto departamento de mayor área con vocación agropecuaria pero posicionándose como el departamento, junto al Magdalena, con el indicador más alto de porcentaje de tierras para uso agrícola en relación a la extensión del territorio con un 28%.
Asimismo se refirió a la disponibilidad del recurso hídrico en el departamento, con reservas en acuíferos a menos de 350 metros de profundidad, de 405.000 millones de metros cúbicos, que darían para irrigar las 640.000 hectáreas no restringidas para el desarrollo agropecuario del territorio durante 25 años, con ausencia total de régimen pluviométrico o en las mismas condiciones una superficie de la extensión de la Costa Caribe durante un año. El Cesar es uno de los dos acuíferos más importantes de Colombia.
Campo Cuello también mencionó la ubicación estratégica del Cesar, con su cercanía de los puertos del Caribe: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Dibulla, que da accesibilidad a 1.587 millones de consumidores ubicados en países con ingresos promedios superiores a los 25.000 dólares por año, que es más de cuatros veces el Ingreso Per Cápita de Colombia. Pero además, con una ciudad capital del departamento que tiene acceso a menos de 400 kilómetros de distancia a centros urbanos que albergan más de 7.5 millones de habitantes, incluyendo a Maracaibo en el vecino país de Venezuela.
“El gobierno departamental busca a través del desarrollo agropecuario busca reducir la pobreza, que en el Cesar alcanza el 42%, mientras que en Colombia es del 28%. Para lograr esto, necesitamos que el PIB agropecuario departamental pase de 1.6 billones a más de 6 billones, logrando una base primaria que asegure un encadenamiento exitoso hacia la generaciónón de valor de nuestros productos. Un verdadero desarrollo sostenible a través del aumento de nuestras hectáreas irrigables y multiplicando la base productiva en cadenas con oportunidad de mercados y núcleos productivos que la jalonen”, puntualizó el funcionario.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN