La razón es de tipo económico; la llamada clase política-empresarial de Colombia, en general, se ha hecho rica con la chequera del Estado, no se forjó como empresa privada, esa que por sí sola produce riquezas como ocurre en otras latitudes del mundo donde el capitalismo abre su propio camino. Aquí no, muchas empresas son de papel y contratan a la carta tipo sastre a través de sus lobbies y piezas clave ubicadas en el torrente financiero del Estado. Los facinerosos se disfrazan de privados para fingir ser empresarios de sectores vitales como el transporte, la salud, la infraestructura, muchos servicios públicos y el contrabando al por mayor. No dan una pisada sin la mediación del Estado y muchos operan sin escrúpulos y solo con la cédula. 

Uno no ve que los llamados empresarios tengan empresas del sector real de la economía que genere empleo. A lo sumo, invierten en el sector especulativo y en finca raíz que no generan empleo; muchos de ellos hace muchos años viven del sector público. No más hay que ver como unos vivarachos hoy manejan $460 billones de los fondos privados de pensiones, que son dineros de los ahorradores. Toda esta maraña se devela ahora que hay una forma diferente de gobernar, con decencia. 

La forma como utilizaron la pandemia para urdir billonarios contratos con empresas que carecían del objeto social requerido, es la cereza del pastel; sabíamos que este es un país de corruptos, pero no que había tanta orgía. Se ha descubierto que, durante la pandemia mientras centenares de miles de pacientes morían por COVID-19, se compraron tantos tapabocas que podrían abastecer el mundo y equipos médicos que nunca llegaron a su destino o no se necesitaban y sus proveedores vendían pólvora. Cien billones de pesos del sector salud fueron desviados según investigaciones del senador Antonio Correa; nuestra dirigencia tocó fondo. Empresas del delito como la del “gato volador”, creadas para robar, son muchas. Todos los recursos del DPS y de la UNGRD se los feriaban los filibusteros amigos del gobierno. 

Muchos constructores de viviendas, que no invierten en sus negocios, sino que esperan la limosna millonaria del gobierno para construir, no quieren a Petro porque no les ha permitido cooptar los recursos disponibles para ese sector. Los representantes de los gremios, que no son empresarios sino voceros de estos, todos los días muestran supuestas debilidades de las políticas gubernamentales en materia económica, pero no muestran que hacen sus propias empresas, ni cuáles son sus desempeños e indicadores. Nunca se sabía qué hacían los gobiernos con el contrabando decomisado; por eso lograron reunir once millones de dólares para comprar en efectivo un software para espiar al adversario político; ahora la DIAN ha mostrado una inmensa bodega repleta de mercancías de todo tipo que serán regaladas a las comunidades más desvalidas; antes no se sabía que destino tenía ese matute. 

Recientemente fue mostrada una reunión en Cartagena entre el “Pitufo”, un contrabandista con capacidad de remover funcionarios en la Policía Aduanera, y altos miembros de la policía, jueces y fiscales para planificar las próximas escenas de contrabando; ya antes nos habíamos informado acerca de un cartel similar en Cali y Buenaventura, supuestamente en cabeza de la ex jefa de la fiscalía general de la República. ¿Dónde estaban Margarita Cabello y Barbosa? ¿Dónde Vicki Dávila y los moralistas opositores per se? ¿Sería a espaldas de Duque? Nuestra economía es subterránea, por done fluye un dólar ensangrentado. Los dueños de este negocio, que incluye hipotéticos faros morales, están bravos porque cada día les decomisan toneladas de cocaína, evidencias que los EE. UU apoyan sin asperjar ni una gota de glifosato. Claro, “fuera Petro” es obligado decirlo. Están preocupados porque el dinero para financiar las campañas políticas se está escaseando y la vida se extingue, tendrán que trabajar. Por esto quieren sacar a Petro.   

Por: Luis Napoleón de Armas P.