A pesar de los constantes siniestros viales, Valledupar completará cuatro meses sin tener policías de tránsito para que regulen la movilidad y realicen prevención vial.
Desde que el 21 de noviembre del año pasado se venció el convenio, la administración municipal no ha podido renovarlo por tener deudas anteriores con la Policía Nacional.
“Se tenía reportado en Bogotá unas deudas grandes que en realidad no correspondía a lo que se debe, entonces acá nos reunimos con la Seccional de Tránsito del departamento del Cesar y se hizo un oficio con acta de la liquidación de lo que en realidad se está debiendo y se envió a Bogotá para actualizar esos datos. Estamos en ese tema para hacer el nuevo convenio”, manifestó Manuel Palacios, secretario de Tránsito municipal.
Eso significa, que en el momento solamente los agentes municipales pueden realizar controles o regulaciones de movilidad en el casco urbano de la ciudad, ya que los policías de tránsito no pueden imponer multas, comparendos e inmovilizaciones por infracción a las normas, puesto que su operatividad sólo está obligada en las vías nacionales.
¿QUÉ HAGO EN UN ACCIDENTE?
Esto ha generado traumatismo en los procedimientos de atención de siniestros de menor complejidad en la ciudad. Por ejemplo, recientemente un ciudadano reportó que demoró varias horas para solucionar un leve choque que tuvo con otro conductor en la carretera.
Al respecto, el secretario explicó que algunos incidentes podrían ser tratados por los mismos ciudadanos.
“Si el vehículo está asegurado, los conductores bajo la nueva ley, pueden tomar fotos con cualquier cámara y esas evidencias fotográficas podrían ser utilizadas para cobrar el seguro. Ya en accidentes más graves, tenemos una debilidad grande porque tenemos solamente 10 agentes (municipales) para toda la ciudad y se está siendo difícil atender cada uno de los sucesos”, puntualizó Palacios.
Otra opción que tienen los ciudadanos que presenten percances viales de menor complejidad es acercarse a las inspecciones de policía para conciliar con el otro ciudadano involucrado.