Visitan a Valledupar los precandidatos Gustavo Petro, de Colombia Humana, estrenando desde anoche redimida personería, y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, acicateada ayer por las declaraciones del alcalde de Cali que la responsabiliza de lo que le pudiera pasar.

Son noticias que ya empiezan a adquirir dinámica y que empiezan a nivel presidencial a despertar un interés ciudadano mayor que el de las precedentes elecciones al Congreso de marzo.

Ellos son los aspirantes extremos de la política y el modelo social. De izquierda y derecha. En común, dicen las cosas tajantemente y no se limitan en ello, por verdades que sean.

Aquí en el Cesar hay temas discutibles, como la concentración o no de la tierra y su uso productivo, o de engorde de valorización sin asunción de impuestos.  O el hecho de que la tierra rural no vale nada comparada con la urbana, que los ricos ganaderos de la región no lo son más que miles de empleados ejecutivos de compañías asentadas en Bogotá, y que el valor es irrisorio frente a la inversión de dotación para hacerla productiva.

 Qué no decir del conflicto armado y el curso de la paz, sus ópticas son distintas. O del Cesar minero, del que Petro deberá decir si abruptamente paralizaría sus empleos y exportaciones, de lo que lo acusa el postulado de Jorge Enrique Robledo.

EN CAUSA PROPIA

No acostumbramos a hablar en causa propia pero es pertinente citar el comunicado de ayer 16 de septiembre, en medio de su cumpleaños número 60, de la Asociación de Medios Informativos de Colombia, AMI, (antes Andiarios), de la que hacemos parte,  frente al raro caso declarado por el Mintic, coincidiendo con la salida de Karen Abudinen, de que todas las propuestas, incluida la nuestra, entre 354, incumplieron los pliegos:

“En relación con la terminación anticipada de la convocatoria de MinTic para la transformación digital y el fortalecimiento de los medios de comunicación, lamentamos que se haya negado así la ejecución de la partida presupuestal que había previsto la ley para contribuir con la sostenibilidad de los mismos en la crítica coyuntura de la pandemia.

Los muchos medios que esperaban, legítimamente, recibir esos recursos necesitándolos, habían sido invitados a participar en un proceso público y conveniente. Invirtieron tiempo y dinero para la preparación de más de 350 propuestas, en relación con las cuales ni siquiera se rindió el informe final de evaluación.

Esperamos que esto no sea una respuesta concluyente frente a las solicitudes formuladas tantos meses atrás desde el sector para contribuir a garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información en las complejas circunstancias de la pandemia y sus efectos en la situación financiera de tantos medios.

Confiamos en que el Gobierno nacional y el Congreso de la República, conscientes de la inconveniencia para el país de una posible merma de la pluralidad y la oferta de fuentes de información profesionales y serias, mantendrán el propósito de trabajar en la construcción de políticas públicas que atiendan esta realidad, siguiendo los buenos ejemplos de otros países como lo hemos venido sustentando desde esta Asociación”.