Ese es el tema de otra de las jornadas de la Escuela Vallenata de Paz, que ayer contó con la presencia del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien dijo que el escenario ideal de paz debe ser sin impunidad.
Mientras en Valledupar se hablaba de “negociar la paz o hacer justicia”, en Bogotá el presidente Juan Manuel Santos se refirió, por fin, a la creación de un posible “tribunal especial” que tendría como propósito juzgar a los miembros de las Farc responsables de delitos atroces. Este tribunal, que es solo un esbozo del mandatario de los colombianos, actuaría bajo los parámetros de la justicia transicional y se conformaría luego de una enmienda a la Carta Política de 1991.
Los dos discursos, sincronizados como hasta ahora se ha dado entre Fiscal y Presidente, explicaría lo anunciado por Montealegre sobre el trabajo preparatorio que viene haciendo la entidad para enfrentar el postconflicto, tanto desde las víctimas como de los victimarios.
Por eso no sonó extraño que el Fiscal General de la Nación le diera el espaldarazo a la experta en justicia transicional Natalia Springer, quien contrató con la Alcaldía de Valledupar la formación de 1.200 gestores de paz. Montealegre defendió en Valledupar la teoría de Springer que trata sobre la aplicación de ciencias exactas a la justicia penal, tema cuestionado a nivel nacional.
Lo importante de todo el tema de los gestores de paz, incluyendo las posiciones críticas, es que de alguna manera la capital del Cesar va un paso adelante para enfrentar un escenario de postconflicto. Si hay algo irregular en el contrato o no, lo dirá el tiempo y lo castigará la justicia. Mientras tanto, recibimos con beneplácito que se desarrolle la escuela de paz.
Esta es una ciudad que debe empezar a digerir que la noción de justicia transicional debe entenderse como no repetición de hechos de violencia, lo que no solo se logra con la cárcel, sino con la garantía plena de que no sucederá lo mismo.