El proyecto del Ranchería, iniciado hace dos décadas, presagiaba como panacea para superar taras de atraso, pobreza y subdesarrollo del departamento. En 2001, el antiguo Incoder “celebró contratos de obra e interventoría con el objeto de adelantar diseños detallados, construcción de la presa, el cercado y conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, correspondiente a la Fase I, en calidad de obras multipropósito”.

Se contemplaba dotar de agua los sistemas de acueducto de 9 municipios, dotar de energía eléctrica a 3.000 viviendas del área circunvecina y adecuar 15.246 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias en el Distrito Ranchería y 3.290 hectáreas fundamentalmente ganaderas en el Distrito San Juan. 

Se habló de diversos beneficios: reactivación económica, mejoramiento de calidad de vida, diversificación de actividades agrícolas y pecuarias, reasignación del recurso hídrico del río Ranchería, generación de 11.000 empleos permanentes. A efectos de desarrollar la Fase I, la nación aportó $650.000.000,000 y el departamento $70.000.000.000, traídas a valor presente neto esas dos sumas ascienden a casi un billón de pesos.

Cuando inicié estudios de la ciencia lúgubre como denominan a la economía, justamente porque los principios se cumplen siempre para algunos sobre la base del sacrificio para otros, me llamó particularmente la atención una definición o más bien la descripción de su objeto: la solución de necesidades crecientes en medio de la escasez de recursos. Lo cual se ajusta perfectamente a una circunstancia particular de la coyuntura actual de La Guajira.  Resulta que el gobierno central decidió optar por traer un programa de solución de carencias del acceso al agua óptima para consumo humano en las comunidades rurales sobre todo en las áreas indígenas con el pomposo calificativo Guajira Azul. 

Obviamente, no somos tan necios para cuestionar la iniciativa como tal. No obstante, cabe la pregunta del millón: ¿Por qué no usaron esos recursos para culminar la represa?  Uno de cuyos múltiples objetivos es la optimización de los sistemas de acueductos de San Juan, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribía.

Para la ejecución de las obras de la Fase II del proyecto Ranchería, que contempla la construcción de los distritos de adecuación de tierras de Ranchería y San Juan del Cesar y conexión de los acueductos aludidos, se requerían a precios del año 2012 $450.000 millones, discriminados así: $260.000 millones en obras extraprediales y $ 190.000 millones en obras intrapediales. 

Por su lado, a febrero de 2021, en los programas Guajira Azul se han invertido $94 mil millones en 15 obras ejecutadas y $84 mil millones en 14 por ejecutar en las tres subregiones, lo cual arroja la  suma de $ 176.860 millones, que corresponden al 40 % de los recursos faltantes para culminar la segunda Fase del proyecto Ranchería. 

Debemos resaltar que si bien el programa Guajira Azul ha constituido una solución al problema del consumo de agua en las zonas rurales del departamento, tiene desventajas frente a una solución integral como pudiera serlo la ejecución de los sistemas de acueducto. A ello le añadimos recientes y delicadas denuncias de corrupción en el programa.  

 Ambos apuntan a aumentar y mejorar la cobertura y calidad del agua potable. ¿Será que estamos asistiendo a un escenario de duplicación de esfuerzos y de recursos escasos con la implementación paralela del programa Guajira Azul?

¿Cuántas décadas más deberán transcurrir y cuántas cuartillas se deberán escribir a manera de reproche e inconformidad para que la magna obra representada por la Represa del Ranchería vea por fin la luz al final del túnel?