A menos de dos meses de finalizar el año y comenzar las elecciones al Congreso de la República y las presidenciales, en el departamento del Cesar ya se están preparando las filas de votantes que liderarían trabajadores de prestación de servicios, líderes comunales, contratistas y hasta funcionarios públicos, que otorgarán pagos, renovarán contratos laborales, ofrecerán mercados de comida y hasta sustancias ilícitas con tal de obtener el número de votos suficientes para que el candidato que apoyan salga victorioso en las urnas.
De acuerdo con conocedores del tema consultados por el diario EL PILÓN, las estrategias de algunos candidatos y de sus campañas políticas van desde reuniones en las que citan a trabajadores de una empresa en particular para incitarlos a que entre sus familiares, amigos, conocidos y gremios recolecten una cantidad específica de votos con la promesa de que la compañía obtendría beneficios laborales si el aspirante obtiene el cargo político.
De igual manera cuando el director de la misma o miembros de la Junta Directiva tienen nexos personales o familiares, obligando de esa manera a sus trabajadores a votar por el partido o candidato que apoya la compañía. Dichas modalidades recaen en los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos respectivamente, los cuales tienen penas de hasta nueve años de cárcel.
A pesar de que los ciudadanos que sean encontrados incurriendo en estos delitos podrían pasar una temporada tras las rejas, la corrupción en torno a los votos no cesa en el departamento, ni en el resto del país.
Según la Misión de Observación Electoral, MOE, para las elecciones regionales del 2019, desde diciembre del 2018 hasta octubre del 2019 recibieron 2.613 reportes de irregularidades durante las campañas políticas que se realizaron a nivel nacional. De esa cifra, 641 denuncias correspondieron a la compra de votos.
El informe también precisó que dicho número podría ser mayor y estar por encima de los 2.000 casos de corrupción, debido a que no todas las poblaciones tienen conocimiento de las herramientas para reportar la compra de votos, y otras comunidades son amenazadas para que no denuncien.
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En ese sentido, un experto consultado por EL PILÓN aseveró que los cesarenses más vulnerables del departamento son los que residen en la zona rural, debido a que al estar en territorios apartados son víctimas de intimidaciones para que voten por un candidato en específico, y hasta en su propia comunidad hay de jefes de campaña con el propósito de “territorializar las veredas y corregimientos con el nombre de ellos marcados en los tarjetones electorales”.
LA POBREZA ES LA ALIADA PARA LA COMPRA DE VOTOS
Las masas que están inmersas en el tráfico de votos en el Cesar son, en su mayoría, las poblaciones en extrema pobreza debido a que los particulares les ofrecen empleos, materiales de construcción para mejorar sus viviendas, bonos de alimentación y hasta kits escolares sin son familias numerosas, según conocedores del tema.
Dichas promesas tienen un gran impacto en la población porque aproximadamente 600.000 personas en el territorio viven en extrema pobreza, lo cual lo hace un departamento propicio para la compra de votos y constreñimiento al sufragante. En ese sentido, los votos de las comunidades de los barrios suburbanos, de la zona rural, invasiones y hasta residentes de la calle son para los candidatos y sus partidos políticos los más fáciles de adquirir.
De acuerdo con un exlíder comunal de Valledupar que prefirió omitir su nombre, desde finales de septiembre del presente año en algunos barrios de la ciudad ya se comenzaron a recolectar las listas de votantes para las elecciones al Congreso, con la promesa de un rubro por encima de los $30.000 por cada voto, un refrigerio para el ciudadano el día que vaya votar y el respectivo transporte para el centro de votación y retorno a su casa.
Precisó que los votos más costosos son para el Senado porque pueden rondar por encima de los $50.000, casi el doble que para los de la Cámara. En ese orden de ideas, la MOE puntualizó que para las elecciones al Congreso de marzo del 2018 recibieron 501 reportes de compra de votos, mientras que para las elecciones a la Presidencia solo se registraron 487 denuncias.
Dicha diferencia, según una de las fuentes consultadas, se debe a que los candidatos regionales suelen hacer campañas más populistas a la hora de comprar los votos, para así llegar a los estratos económicos más bajos. Es decir, se promueven de voz a voz, cadenas de WhatsApp, proselitismo político en las plazas, parques de los barrios, entre otros mecanismos que las hacen más susceptibles a las denuncias.
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FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS ILÍCITAS
De acuerdo con los expertos, en el campo los votos se compran con fertilizantes, herramientas agrícolas, contratos de siembra, tierras, vías terciarias e insumos para los cultivos, debido a que un alto porcentaje de los campesinos cesarenses carecen de los recursos para adquirir los insumos necesarios para sus cosechas.
También puntualizaron que la falta de inversiones para mejorar las condiciones para poder transportar los productos en relación a las vías y centros de acopio, suelen ser utilizado por los candidatos para ganar votos, quienes “aseguran que direccionarán proyectos para mejorar sus condiciones laborales cuando estén en el Congreso, promesas que quedan en el aire una vez que ganan en las urnas”.
El tráfico de votos es tan amplio que deja cabida para la entrega de sustancias ilícitas a cambio de votos. Según una trabajadora social de Valledupar que prefirió omitir su nombre, en algunos sectores de la ciudad se les ofrece a los consumidores de drogas: Bazuco, marihuana, entre otras sustancias a cambio de que inscriban sus cédulas, sino lo han hecho, y voten por un candidato en particular.
Esta profesional aseveró que este tipo de compra de votos no la hacen de manera directa los candidatos o personas relacionadas a la campaña, quienes la realizan son los “captadores de votos que trabajan en los barrios suburbanos y puntos críticos de la ciudad. Pero esto no solo sucede en Valledupar, sino también en el resto del país”.
En ese orden de ideas, señaló que los particulares les dan las dosis a los consumidores una vez que ellos presenten el comprobante de que votaron. Agregó que dentro de este grupo también están los habitantes de calle que consumen este tipo de sustancia y otros a los que les dan comida, abrigo o una pequeña cantidad de dinero para que voten “por un candidato que lo que promueve es la corrupción y la ilegalidad”.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN