El gobierno nacional acaba de anunciar que presentará a consideración del Congreso de la República un proyecto de acto legislativo, encaminado a establecer en el país la posibilidad de la reelección inmediata de Alcaldes y Gobernadores.
El propio Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, explicó que será decisión del Congreso de la República, discutir la posibilidad que la norma se aplique a los actuales mandatarios, es decir, Alcaldes y Gobernadores, en ejercicio; o que la misma comience a regir, para los elegidos a partir de 2011.
En muchos países de Europa, como también en los Estados Unidos, existe la posibilidad de la reelección inmediata de Alcaldes y Gobernadores, o de los mandatarios territoriales, según el nombre que tengan los cargos, según el caso.
La reelección tiene algunas ventajas para la administración en estos niveles del Estado: es una forma de ampliar y profundizar la democracia, como argumentan los defensores de esta iniciativa, además permite darle continuidad a las políticas y programas de gobierno. De hecho, en Colombia, muchos Alcaldes han sido reelegidos, aunque no de manera inmediata, como fue el caso del profesor Antanas Mockus, en Bogotá.
Sin embargo, como habíamos advertido en anteriores comentarios editoriales, consideramos que la propuesta es inconveniente e inoportuna, por cuanto termina de agregar más elementos de controversia a la ya amplia y compleja agenda de reformas a consideración del Congreso de la República.
Pero además de lo anterior, que sería un argumento sobre el momento de considerar la propuesta, también vemos elementos de fondo para argumentar que Colombia no está preparada aún para un cambio trascendental en las reglas de juego de la política local.
La posibilidad de una reelección inmediata, debido al poder que tienen los mandatarios locales, de presupuesto, nómina, contratación, etc, genera unas condiciones odiosas de inequidad frente a sus posibles competidores y puede convertirse en un estímulo adicional a problemas como el clientelismo y la corrupción.
Por todo lo anterior consideramos inconveniente y inoportuna, distraer al Congreso, en los actuales momentos con una reforma política que contenga esa posibilidad de la reelección inmediata. Tanto por razones de fondo, como la antes expresadas, como también por razones de forma (oportunidad), el gobierno debería abstenerse de proponer una reforma en nuestro sistema político de una figura que ya ha sido rechazada en tantas ocasiones en el mismo escenario.
El urgente desmonte del cuatro por mil
En buena hora, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón, le ha anunciado al país, primero por los medios de comunicación, y luego lo ratificó ante la Convención Bancaria, que se realizó esta semana en Cartagena, la decisión del gobierno de desmontar de manera gradual el impuesto a los movimientos financieros, más conocido popularmente como el “cuatro por mil”.
Este impuesto que presenta unas ventajas incuestionables para algunos tributaristas por su integralidad, facilidad de recaudo y universalidad; que se estableció inicialmente para financiar, en parte, la operación salvamente del sector financiero en un momento de crisis y fue concebido inicialmente como algo transitorio, pronto, como ha sucedido con tantos otros impuestos en Colombia, se convirtió en permanente y está generando distorsiones en el sistema económico.
En efecto, el popular “cuatro por mil” es un impuesto que afecta el sistema de pagos de la economía, en la medida en que induce a la gente a utilizar más el efectivo sobre cualquier otro medio de pago. Además desestimula también la bancarización, en un país que requiere que más sectores de la población accedan a los servicios del sector financieros, que significa un oportunidad de crecimiento y una comodidad para empresas, negocios y personas.
Ojalá se inicie pronto ese desmonte gradual del cuatro por mil, planteado inicialmente para hacerlo en cuatro años, como lo ratificó el propio Presidente Santos en la convención bancaria.
Pero, además, aparte de esta medida sería bueno que el gobierno nacional buscara otros mecanismos para inducir a los bancos a bajar, también, el costo de sus servicios: hoy para muchas personas que devengan el salario mínimo resulta costo el manejo de una simple cuenta de ahorros, por cuanto tiene que pagar el costo de la tarjeta débito y otro servicios.
Tiene razón el Presidente Santos cuando abogaba ayer por una mayor bancarización y que este instrumento de la economía moderna le llegue a los sectores populares y les facilite el manejo de sus escasos recursos, pero también les brinde acceso al microcréditos, al crédito de consumo y a otros servicios. El país espera una actitud positiva de los banqueros ante este requerimiento legítimo del nuevo gobierno.





