A través de la Ley 2195 y que fue sancionada el 18 de enero de 2022 por el presidente Iván Duque, el Congreso de la República decretó que se tomarán acciones para prevenir los actos de corrupción, también para promover la cultura de la legalidad en los asuntos  públicos del país y recuperar los daños ocasionados a la Nación y la confianza que ha perdido  la ciudadanía en las instituciones del Estado. 

Según el documento habrá “sentencia penal condenatoria ejecutoriada contra de administradores o funcionarios por la comisión de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada” o cualquier conducta punible que dichos actores llegasen a cometer. 

En cuanto a la transparencia, esta norma establece que las personas jurídicas deberán adoptar programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría, para garantizar la inspección y vigilancia de las entidades y que serán las superintendencias o autoridades de inspección, las encargadas de hacer la vigilancia o control que logren determinar el contenido de los mencionados programas. 

Asimismo, el articulado deja claro que el incumplimiento de estas y las demás disposiciones expresadas acarreará  sanciones respectivas previstas por cada una de las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control para los obligados a cumplirlas.

UNA MIRADA LOCAL

A nivel local, dentro de los casos de corrupción más sonados en el departamento del Cesar que se traen a colación por esta nueva ley, está el denominado ‘Cartel del comparendo’, orquestado aparentemente por funcionarios de la Secretaría de Tránsito Municipal en la que se perdieron aproximadamente 1.004 sanciones por alcoholemia a cambio de dinero en Valledupar.  

Otro de ellos trata de las irregularidades encontradas en un contrato para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que realizó Luis Alberto Monsalvo cuando se desempeñó como gobernador por primera vez entre el periodo 2012-2015. También se puede recordar que la cárcel ‘La Tramacúa’ de Valledupar habría sido burlada por siete dragoneantes que se aliaron con los privados de la libertad, con el fin de permitir el ingreso de elementos prohibidos a cambio de grandes sumas de dinero.