Aunque he limitado últimamente mis opiniones a los asuntos de la política agropecuaria, hoy los anuncios sobre el acuerdo de justicia transicional son tema obligado. Sobre ellos hay que decir que, aunque se percibe un avance, el camino todavía está lleno de dificultades y, por ello, es mejor moderar entusiasmos y evitar el exagerado gozo que empalaga a muchos, porque aún hay dudas por resolver entre lo acordado y lo realizable.
Para una sociedad incendiada por el narcotráfico no es fácil aceptar la conexidad de esta actividad mafiosa con el delito político; como tampoco es fácil sentar a quienes han defendido con valor a la sociedad en el mismo banquillo con quienes la han atacado sin contemplaciones. No es fácil aceptar que mientras unos confiesan sus inocultables crímenes, muchos inocentes, enredados en la telaraña de falsos testigos, se verán obligados a confesar crímenes que nunca cometieron para no ser tragados por una justicia engañada o, en ocasiones, literalmente ciega.
En un país con la justicia en cuidados intensivos y un sistema carcelario al borde del colapso, hay natural recelo sobre la instrumentación de la Jurisdicción Especial para la Paz; sobre la escogencia y calidad de los magistrados del Tribunal Especial que habrá de juzgar a los miembros de las Farc y a todos los actores del conflicto. El Tribunal, entonces, tiene que ganarse la confianza del país y garantizar la neutralidad, para que no se convierta en instrumento sesgado en favor de las Farc.
Es indudable que se sacrificó el principio de proporcionalidad de la pena con el daño infringido, y que la restricción de la libertad es sinónimo de concesión a las Farc frente a su exigencia de “ni un día de cárcel”, por ello, en un país con larga historia de privilegios penitenciarios, tal reclusión no puede convertirse en otra caricatura que no satisfaga los derechos de las víctimas a la “verdad plena”, la justicia y la reparación.
Esta ha sido una causa de Fedegán a través de la Fundación Colombia Ganadera, que se ha ocupado de visibilizar a más de 10 mil víctimas ganaderas y de acompañarlas en la reivindicación de sus derechos. En ese tema -repito- aunque hay un avance, todavía está lleno de claroscuros que no brindan la suficiente tranquilidad sobre el derecho de las víctimas y del país a una paz sin impunidad.
Nuestra otra causa es el Desarrollo Rural Integral, pues se trata del futuro del campo. Quedan reservas sobre algunos puntos del Acuerdo y, sobre todo, sobre sus diez salvedades, entre ellas, la proliferación de Zonas de Reserva Campesina donde las Farc han ejercido control militar, político y social; el énfasis en el minifundio a partir de la expropiación de lo que llaman “latifundio improductivo”; la limitación de la inversión empresarial y la prohibición de la extranjera en los sectores agropecuario y minero-energético; la revisión de los TLC, la cuantificación del Fondo de tierras y la creación de un Consejo comunitario para el manejo de la tierra.
Los tiempos no cuadran, porque si en lo fácil llevamos tres años, ¿Cómo resolver en seis meses 28 puntos aplazados por difíciles? Para los diez del acuerdo rural se impone la necesidad de una Subcomisión Rural con participación del sector empresarial, las asociaciones campesinas, las minorías étnicas, los expertos que la Mesa disponga y, por supuesto, el Ministro Iragorri. La Colombia rural tiene derecho a tal participación, y sería un error histórico negársela, cuando están de por medio el porvenir del agro y la vida de millones de compatriotas que viven en el campo.