Ante la controversia que genera en muchos sectores el decreto-ley de tierras 902 del 29 de mayo del 2017, el asesor de la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras, Andrés González, dialogó con EL PILÓN sobre esta iniciativa presidencial, en el marco de su visita al foro ‘Seguridad Jurídica y Ordenamiento de la Propiedad Rural en Colombia’, realizado en Valledupar.
¿El decreto-ley de tierras choca con lo que actualmente realiza la Unidad de Restitución de Tierras?
La Unidad Restitución de Tierras tiene una finalidad distinta a la Agencia Nacional de Tierras. En lo absoluto, no choca por ninguna parte. Si hay una persona en este país que fue despojada en el marco del conflicto armado y necesita que se le devuelvan sus tierras no tiene por qué acudir a nosotros, sino acudir a la Unidad de Restitución de Tierras. Nosotros nos encargamos de la población campesina que quiere acceder a la tierra, pero no que se vio privada de ella en el marco del conflicto armado. Sí podemos darle tierras a campesinos que tuvieron condición de víctimas, pero hay una línea divisoria muy clara entre lo que es restitución y nosotros.
En el trabajo que realizan de legalizar el tema de la tierra se encontrarán con predios en reclamación, ¿qué va a pasar cuando lleguen a esos predios?
Cuando lleguemos a un inmueble y encontremos que sobre ese hay una demanda de restitución sería irresponsable entregarle la tierra a esa persona, como si eso no estuviera pasando; nosotros lo que haríamos es esperar a que el proceso finalice. Si hay un predio ingresado en el registro de tierras despojado, cómo lo vamos a titular para que luego el juez ordene la restitución y tenga la persona la cual le dimos el título que entregárselo al reclamante de restitución; esto no sería sensato. En esos casos esos procesos quedan suspendidos hasta que ya tengamos claridad frente si es viable o no la titulación de esa tierra.
¿Qué mensaje le envía a esos campesinos y víctimas que terminaron sin tierras en el conflicto armado?
En primer lugar un parte de tranquilidad. La Agencia Nacional de Tierras no entrará a desconocer lo que ellos hagan logrado recuperar en la restitución; estamos sincronizados con la Unidad de Restitución de Tierras para evitar que podamos tomar decisiones contradictorios, y que las víctimas del conflicto armado que no tengan tierras son bienvenidas en la Agencia para ver si con nuestra capacidad financiera le podemos dar una solución.
Hay confusión entre el decreto de tierras, que fue sancionado por el presidente Juan Manuel Santos, y el proyecto de ley de tierras. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
La diferencia es que el primero introduce normas de carácter procesal; es una norma instrumental, que no va a modificar sustancialmente las reglas de tierra de la ley 160. El proyecto de ley que se va a presentar en el Congreso si lo va a hacer. Un ejemplo son los baldíos de la Nación; hoy tenemos un artículo que si se compra un predio a una persona y posteriormente le compras a otra, ese segundo contrato de compraventa queda viciado de nulidad, si esas dos tierras fueron originalmente baldías. Nos preguntamos ¿esa norma hay que mantenerla?, pensamos que no. La reforma agraria se debe proteger, pero de una forma más eficiente, no de esa forma. Esto es una reforma que no pudimos hacer en el decreto 902, porque es de carácter procesal, cómo se llega al mismo fin por un mecanismo más eficiente. La Ley 160 tiene problemas sustanciales, que es lo que llevaremos al Congreso.
¿Cuáles son las bondades del proyecto-ley?
Para ser muy simple: un proceso agrario, según datos de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) tarda en promedio 18 años. Con este proyecto-ley tardaría 18 meses.
¿Cuál es su posición frente a las críticas del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; y el exsuperintendente de Notariado y Registro y presidente del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez; frente al decreto-ley y el proyecto-ley de tierras?
Para nadie es un secreto que el Centro Democrático aspira ganar las elecciones presidenciales. Considero que lo que buscan es sembrar miedo en la población para que ellos sean esa respuesta a ese miedo, para capitalizarlo en votos en el 2018. Detrás de esos argumentos no hay un soporte serio. Recibí unas acusaciones muy fuertes de Vélez, que me preocupan y me hacen pensar qué tanto está pasando lo mismo que en el Centro Democrático.
¿Cuáles son esas acusaciones?
Que la Agencia Nacional de Tierras está llenando de inseguridad jurídica al campo colombiano. Cuando yo argumenté, el gritó, cuando yo sacaba artículos, él volvió con su retórica. Me preguntó ¿qué hay detrás de esas afirmaciones, un sustento técnico o un afán político? Me voy de Valledupar preocupado con estas aseveraciones.
El exsuperintendente de Notariado y Registro y presidente del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, lo vincula con Jennifer Mojica. ¿Quién es ella y qué tiene que decir al respecto?
Jennifer Mojica fue la subgerente de Tierras Rurales del Incoder del ministro Juan Camilo Restrepo. Ella tuvo unas posturas en defensa de las comunidades campesinas más pobres e inició unas demandas de nulidad contra empresas que supuestamente despojaron campesinos y terminó saliendo del gobierno de una manera polémica. Ella se asocia con la izquierda, porque además trabaja en ONG que defienden derechos humanos. A quienes queremos la paz se nos acusa de comunistas. Vélez dio a entender que yo no tenía autonomía sobre mis posiciones, porque supuestamente era un títere de Mojica, por lo que me tocó pedirle tajantemente que aclarará eso porque eso no es cierto. La distingo porque llevo 12 años de estar trabajando en temas de tierras del país y conozco a todo el que ha tenido cargos relacionados con este tema, pero ni soy amigo ni tengo relaciones laborales con ella.
Algunos contradictores del proyecto-ley de tierras aseguran que éste es una forma de que el país entre al ‘castrochavismo’. ¿Qué tiene por decir al respecto?
Lo cierto es que ya se fueron siete años del gobierno presidencial y aún no se vive algo parecido. Nos queda un año de gobierno y eso es imposible hacerlo en ese tiempo. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela impuso desde el principio el socialismo bolivariano comunista y hoy vemos las consecuencias desastrosas. Cuando llegó Castro al poder llevó el comunismo a Cuba. Esas acusaciones son ridículas e ilógicas, que solo buscan sembrar miedo en personas que de buena o mala fe asumen esos argumentos como válidos. Nuestra ley contiene argumentos muy técnicos de cómo se pretende generar seguridad en el campo colombiano, dándole título de propiedad al que no lo tiene.
¿Qué va a pasar con el proyecto-ley de tierras que proyectan pasarlo al Congreso?
He escuchado al ministro de Agricultura que lo presentará el 20 de julio, pero yo no represento a esta entidad, por lo que no podría darle una respuesta certera.
¿Cree que es el momento propicio para presentar un proyecto ley de tierras?
Por el hecho que vaya a generar debate en el Congreso no quiere decir que no se deba presentar. No podemos seguir postergando la solución de los problemas de la tierra de este país indefinidamente. Toca dar el debate y pienso que cualquier día que lo posterguemos estamos en mora.
Para el asesor de la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras, Andrés González, el decreto-ley de tierras es un decreto sólido.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN