El mensaje fue claro: ningún otro líder asesinado o amenazado por sus luchas. Gremios, estudiantes, sindicatos, sectores alternativos y la comunidad, salieron este 26 de julio a marchar por las calles de Valledupar en defensa de la vida de los líderes sociales de Colombia y el Cesar. La marcha nacional se replicó en otras cien poblaciones del país. Incluso, el presidente Iván Duque hizo parte de la jornada.
Las marchas nacen de la crítica situación de los líderes sociales en Colombia. Según cifras oficiales, 543 líderes han sido asesinados desde el primero de enero del 2016. Aún más preocupante es la situación de impunidad, con el triste promedio de tres de cada cuatro casos sin establecer la autoría del crimen. Por eso, los vallenatos salieron a pedir por la defensa de la vida y a honrar la memoria de los que fueron asesinados.
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La marcha inició desde la glorieta Los Músicos y terminó en la plaza Alfonso López, donde entre discursos y manifestaciones artísticas pidieron a las autoridades mayor disposición para defender la vida de los líderes sociales.
“Los líderes son parte importante de procesos sociales como la reclamación de tierras en el Cesar, pero los están matando y nosotros estamos marchando para que les respeten la vida”, señaló Miguel Serna, representante de la Asociación de parceleros de El Toco, del municipio de San Diego.
AMENAZAS
En Colombia hay 983 líderes sociales amenazados de muerte, según la Defensoría del Pueblo. Las organizaciones sociales del Cesar señalan que en el departamento casi 250 líderes viven bajo alto riesgo o han sido amenazados.
En el Cesar la lucha más fuerte de los líderes está en la búsqueda de la restitución de tierras. Allí están la mayor cantidad de amenazados. El Cesar es uno de los departamentos del país con la mayor cantidad de víctimas y ocupa el primer lugar en el Caribe, la mayoría desplazados de sus tierras durante la violencia.
“Lo más difícil de la restitución son los riesgos que asumimos las víctimas y la incapacidad del Gobierno para responder por nuestras garantías. La lucha de nosotros es solo por regresar a nuestros territorios”, expuso Deyis Carmona, presidente de la Asamblea campesina por la restitución de tierras del municipio de El Copey.
FUERZAS OSCURAS
En el departamento, alrededor de 402.857 son considerados como víctimas del conflicto armado. Es decir, el 37 % de la población sufrió directa o indirectamente los embates del conflicto. Igual que a nivel nacional el promedio de victimas reparadas es bajo, con 14 %, algo así como unas 60.398 personas.
Sin duda, el mayor reto son los desplazados y su proceso de restitución de tierras. Alrededor de 397.641 personas fueron desplazadas en el departamento y muchas de ellas siguen luchando por regresar a sus territorios. En esa lucha, asegura Alexander Ramos, “hay fuerzas oscuras en el país que le arrebatan las vidas a estas personas que luchan por el bien colectivo de sus comunidades”.
En el Cesar varían las cifras de líderes sociales asesinados. Según organizaciones como ‘La paz en el terreno’, van tres asesinatos desde el 2016, sin embargo, la plataforma datasketch registra el asesinato de ocho personas por sus luchas sociales.
VIDAS SILENCIADAS
En un ambiente caldeado por las marchas en rechazo a las crisis que atravesaba el Hospital San Andrés de Chiriguaná, Naimen Lara recibió un disparo el 11 julio de 2016 que, al parecer, provino de uno de los uniformados. Lara tenía 39 años y seis hijos, y en Chiriguaná era reconocido por ser dirigente del Consejo de Comunidades Negras de La Sierrita, El Cruce y la Estación de Chiriguaná, Conesice.
A los pocos días, encontraron una sobrina de la víctima inconsciente. Había sido amenazada: si declaraba en el caso de su tío, la asesinaban. Por eso, la familia tomó la decisión de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
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A los dos meses de la muerte de Naimen Lara, hombres armados en motocicleta pusieron fin a la vida de Néstor Martínez en la zona rural de la Sierrita, corregimiento de Chiriguaná. Martínez era compañero y había marchado junto a Naimen Lara en julio de ese año para rechazar la corrupción que acabó con el hospital San Andrés de Chiriguaná y ambos pertenecían al Comité de tierras del consejo comunitario de La Sierra, El Cruce y La Estación. Su labor se había inclinado por la titulación colectiva de las sabanas comunales que históricamente pertenecen a las comunidades negras del centro del Cesar.
LÍDER COMUNAL
Un siete de enero de 2017, cuando se movilizaba en su motocicleta, el entonces presidente de la Asociación Apícola del Cesar, Aldemar Parra, fue asesinado en zona rural de La Loma, corregimiento de El Paso. Nunca había sido amenazado, pero sus tíos sí había denunciado, el año anterior, panfletos amenazantes por las Autodefensas Gaitanistas.
Menos de 20 días después, en las calles de Valledupar asesinaron Yoryanis Bernal, líder de la comunidad wiwa. Bernal era defensora de los derechos tanto de las comunidades indígenas como de las mujeres. Su presunto asesino fue condenado a 44 años de prisión como responsable del crimen, según las autoridades, en medio de un atraco.
Desde la firma del acuerdo, el 2017 fue el año más violento en el Cesar para los líderes sociales. El cinco de febrero de ese año, encapuchados propinaron tres disparos a Edilberto Cantillo Mesa, quien era desplazado y pertenecía a la Asociación Veredal de Víctimas de El Copey y fue el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Entrerríos. Tres asesinatos en dos meses.
Sin embargo, ese año la cifra aumentaría con el asesinato de José Guerrero quien fue ultimado con seis disparos. Enseguida, las autoridades descartaron que tratara de un atraco porque no le robaron nada, ni la motocicleta en la que se movilizaba. Guerrero era miembro suplente de la Mesa de Participación de Víctimas de Chiriguaná y solo dos días antes había sido testigo del asesinato del ganadero Jaime Royero Bonilla.
VOCES COMUNITARIAS
El 21 de agosto del año pasado sicarios llegaron a la finca de Luis Vera Gamboa y lo asesinaron delante de su familia mientras conversaban en la terraza de la casa. Vera era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Desengaño, en el municipio de Chimichagua, y participaba en el proceso de la Mesa Regional Campesina del Perijá. Su hija sobrevivió al atentado porque huyó del lugar.
La última víctima del asesinato de líderes sociales en el Cesar fue Tatiana Posso. En un ataque sicarial, en la madrugada de un miércoles tres de julio, Posso fue atacada por hombres cuando salía de su casa en el barrio El Porvenir, del municipio de El Copey. Tatiana Posso recibió dos impactos de balas que acabaron con su proyecto de ingresar al Consejo Comunitario del municipio.
En ese sentido, señalaron los marchantes, la única forma de encontrar la verdadera paz es parar con el asesinato de los que piensan diferente.
Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
defancaro1392@gmail.com