Por: Jorge Orlando Melo

A Voltaire, un fanático defensor de la verdad, la libertad y la decencia, se le atribuyen cosas que nunca dijo. Según una historiadora, Voltaire creía que aunque no estuviera de acuerdo con lo que otro escritor decía, estaba dispuesto a dar su vida para defender su derecho a decirlo, y muchos citan la frase entre comillas, como si fuera del escritor francés. Para otros, Voltaire dijo “calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda”, un aforismo que no está en sus obras y le atribuyó mentirosamente un cura francés del siglo XIX, y una calumnia de la que sí quedó algo, pues muchos la creen.
Como estamos en medio del gran destape, con un gobierno empeñado en revelar y castigar la corrupción y la arbitrariedad que hubo en la administración anterior, tras años de esfuerzos de jueces, periodistas y ciudadanos, hay que insistir en la necesidad de buscar la verdad por encima de intereses políticos y pasiones personales. Muchas de las revelaciones surgen, es obvio, de cómplices y participantes en la corrupción o los delitos oficiales: son los delincuentes los que saben lo que se hacía. Muchos creen en las denuncias contra los enemigos y se quejan, si afectan a sus amigos, porque se dé fe a los bandidos. Los mismos que piensan que las denuncias de un guerrillero o las frases a veces fantasiosas de un correo deben aceptarse al pie de la letra, protestan si se cree a los paramilitares que cuentan, mezclando verdades y mentiras, lo que saben.
En estos casos hay que mirar con escepticismo las acusaciones, pero tomar en serio los indicios, verificar las conexiones entre hechos, someter los testimonios a crítica severa, verificar la coherencia de la información y aplicar las reglas de la argumentación y la prueba. Esta es tarea ante todo de la justicia, pero en la que prensa y opinión son importantes.
En un caos como el actual, la crítica detallada de los argumentos de la justicia es esencial, pues en muchos casos se advierte la debilidad de sus conclusiones. Como lo demostró Pirry en documental del año pasado, el Gobierno colombiano sigue atribuyendo delitos recientes a un jefe guerrillero que está preso hace 7 años, pero la justicia se niega a liberar al homónimo que pasa su vida en la cárcel mientras otro delinque por él; por lo que se ha publicado, tengo la certeza moral de que los responsables principales de la desaparición del magistrado Urán y de otros rehenes en el Palacio de Justicia son otros oficiales, distintos al general Plazas, que entregó las personas que sacó del palacio a otros cuerpos militares, y no verificó qué pasó con ellos.
Además de aplicar distinta medida a los testigos, hay otro sofisma de rutina: explicar las pequeñas inexactitudes y mentiras propias como errores involuntarios o menores, pero deducir de cualquier imprecisión del otro la falsedad de todo lo que afirma. Las organizaciones de derechos humanos saben por esto que una denuncia imprecisa los desacredita y puede arruinar decenas de casos fundados.
En estos días, varios columnistas han tratado de desvirtuar las denuncias, casi siempre bien demostradas, de Daniel Coronel, por algunas imprecisiones sobre sus antepasados. Según José Obdulio Gaviria, Coronel dijo “hace varios años” que sus ancestros eran yugoeslavos. Al ir a la fuente, se descubre que el artículo se publicó hace menos de un año, y que lo que aparece allí no lo escribió Coronel sino una periodista anónima, que cuenta, en forma incoherente y confusa, historias improbables y contradictorias, que no atribuye textualmente a Coronel. Y aun si este adornó y alteró su historia familiar, no es lógico deducir de ello que lo dicho en sus investigaciones es inexacto, como no sería apropiado deducir de la argumentación tendenciosa o de las pequeñas falsedades de la columna de Gaviria que nunca dice nada cierto.

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