Todos los proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de los habitantes de un departamento como el Cesar que supera con creces la media nacional de la pobreza en Colombia, son bienvenidos. Si ellos ayudan a disminuir esa inmensa brecha que los tiene sumidos en el abandono, el hambre y la desnutrición de sus pequeños, son recibidos con alborozo y alegría.
Así se recibieron los anuncios que hicieron, con convenios firmados incluidos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, en su reciente visita a Valledupar, cuando dejaron la expectativa de 1.800 casas gratis para ocho municipios del Cesar y la proyección de 5.000 más (VIPA) para Valledupar.
Los municipios beneficiados con el programa de casas gratis del Gobierno Nacional son Aguachica, con 400; Agustín Codazzi, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibirico, Pailitas y San Martín, con 200 cada uno, y las cinco mil viviendas para ahorradores en la capital del Cesar.
La inversión es millonaria y claro está, su ejecución generará empleos y moverá la economía de esas poblaciones. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, se hace necesario mirar el espejo de las experiencias vividas para no cometer los mismos errores. Las cerca de cuatro mil casas gratis que entregaron en Valledupar son el mejor modelo para aprender lo que se debe y lo que no se debe hacer.
Recordemos que hubo muchos colados entre los beneficiarios que no pertenecían a población vulnerable, mucho menos eran víctimas del conflicto armado y tampoco necesitan un techo para vivir. Por eso muchos apartamentos de los entregados en las urbanizaciones Nando Marín y Lorenzo Morales fueron arrendados a terceros o cedidos a otras familias para que los habitaran, porque un gran porcentaje de las familias beneficiadas no vivían en Valledupar y llegaron de otros lares encantados con el rumor que en la ciudad todo era gratis. Recibieron sus viviendas con cámaras y luces, y posteriormente se devolvieron a sus poblaciones de origen.
Pero lo más desacertado fue tal vez la no planeación de un programa social de convivencia. En esta región del país la cultura urbanística no es de altura, no es tradición vivir en propiedades horizontales, donde deben regir unas reglas, basadas en el respeto y la solidaridad. Lo que hoy ocurre en Valledupar en Nando Marín y Lorenzo Morales es grave y las autoridades lo saben, los casos de intolerancia entre vecinos es pan de cada día, llegando a la violencia física, a homicidios, a fatales accidentes caseros (varios mejores han caído de los apartamentos y han muerto) y a la inseguridad incluso dentro de la misma urbanización.
Que no se repita esta experiencia en los ocho municipios beneficiados, donde seguramente van a construir los bloques de apartamentos. Que los filtros para escoger a los beneficiados no sean tan débiles y que paralelamente desde las administraciones municipales se trabajen en programas sociales para que la convivencia sea más fácil.