Las campañas para la elección de rector en la Universidad Popular del Cesar están tomando fuerza, al mejor estilo de las elecciones de alcaldía o gobernación, y con las decisiones del Tribunal de Garantías Electorales se está decantando el listado inicial de 17 aspirantes a la rectoría de este centro de educación superior, el más importante del departamento.

Luego de la polémica por el supuesto cambio de los estatutos en la Universidad Popular del Cesar y los señalamientos que se generaron alrededor de estos, hay una nueva discusión por la inadmisión que hizo el Tribunal de Garantías Electorales, TGE, a ocho candidatos, siete de ellos porque no cumplieron a cabalidad con el requisito de certificado de vecindad, al no especificar su residencia permanente durante los últimos cinco años.

Además, el presidente del TGE renunció y ya se anuncian demandas por la polémica inadmisión que afecta a los candidatos que laboran desde hace varios años como docentes de la institución, quienes consideran arbitraria la exclusión por un requisito fácilmente verificable en los propios archivos de la universidad.

Esta situación caldea los ánimos, teniendo en cuenta que esas acciones jurídicas, si bien es cierto buscan garantías para todos los aspirantes, indudablemente pueden generar traumatismos al proceso eleccionario.

Los filtros del TGE son respetables, por lo que deben hacerse con la mayor rigurosidad posible para evitar en un futuro anulación de elecciones y periodos inconclusos, que nada de bien le hacen a la UPC. Estamos en un momento clave para que la universidad tome nuevos aires con un proyecto financiero y académico ejecutable a cuatro años, que no quede a medias, como con los anteriores rectores.

Confiamos en que el Tribunal de Garantías Electorales tome sus decisiones con la mayor meticulosidad posible; mientras que de los estudiantes, docentes y egresados esperamos que voten por un candidato con todos los pergaminos y experiencia que demanda tan alta dignidad.

Recordamos a los aspirantes que quien asuma la rectoría debe priorizar estrategias fortalecer las finanzas de la institución que cuenta con un presupuesto anual estimado en 80 mil millones de pesos, del cual más de 60 por ciento corresponde solo a gastos de funcionamiento, quedando un exiguo rubro de inversión.

Con todas las dificultades de inversión, el nuevo rector tendrá el gran reto de conseguir la tan anhelada la acreditación de alta calidad para esta universidad de 16.388 estudiantes de pregrado y 2.268 de posgrado.

Ayer se realizó el primero de dos simulacros de la Consulta Estamentaria Virtual, sistema de votación en línea que por primera vez se realizará en la institución para la elección de rector, importante ejercicio, pero la verdadera consulta será la del próximo 14 de junio.

Además, exhortamos a los órganos de control estatal a que acompañen activamente este proceso para que se garantice un proceso libre, justa y transparente.

La Universidad Popular del Cesar no pasa por su mejor momento y consideramos que necesita un rector, para el periodo 2019-2023, más rodeado de académicos que de políticos; la institución no debe seguir siendo utilizada como un fortín burocrático para sumar votos a favor de los grupos políticos que infiltran el Consejo Superior Universitario para la designación de rector.