Una gran incertidumbre se ha apoderado de la política, en todo el país, en vísperas de las elecciones regionales del próximo 30 de octubre, con motivo de una famosa lista que el gobierno tiene en sus manos, y que fue realizada por una fundación privada, con base en información oficial.
En buena hora, el gobierno decidió realizar esta investigación previa, con el fin de advertir a los partidos y movimientos políticos sobre la gran responsabilidad que tienen en el tema de los avales a los candidatos que aspiran a ocupar una curul en alguno de los concejos municipales, las asambleas departamentales, o a ser alcalde o gobernador.  Pero esta información también debe ser para la ciudadanía.
Por la información que hemos conocido, sobre la metodología de elaboración de la temida lista, se trató de una dispendiosa tarea que implicó investigar de manera documental las hojas de vida y los antecedentes, inicialmente, de unas cien mil personas que han postulado sus nombres para las elecciones que se avecinan.
De ese gran total, se le hizo una revisión con mayor profundidad a unos 24 mil aspirantes, principalmente con las bases de datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y de ese número se encontró que existen 414 personas con antecedentes judiciales.
Se ha conocido, igualmente, que el Partido liberal negó 172 avales, y que Cambio Radical revocó 42. Por su parte el Partido de la U sólo se ha limitado a anunciar que retiraría los avales a las personas que tengan líos de carácter penal. Nada se ha sabido del Polo y del Partido Verde, entre otros movimientos.
No obstante, consideramos que se han demorado los partidos y movimientos políticos en dar a conocer los nombres de estas personas, quizás por razones de estrategia política y de imagen, en cada divisa y en las distintas regiones del país.
Se deberían publicar, de la misma manera, la situación de estos nombres en materia disciplinaria y de control a la gestión fiscal, para elaborar un listado más completo sobre el comportamiento de todas estas personas que aspiran a participar en las elecciones en mención.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer a cabalidad, con nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía y los delitos imputados, entre otros datos, esa famosa lista, y la información adicional que hemos señalado.
Esta lista, si está bien elaborada y depurada, es un instrumento que puede servir como un primer gran filtro a todas las personas que aspiran a ganar el fervor popular. De esta manera el país se evitará los costos y los problemas jurídicos e institucionales de tener que iniciar procesos para retirar las credenciales a quienes, luego de elegidos, resultan con problemas con la justicia, y  también ante los organismos de control.
El gobierno nacional y los distintos partidos y movimientos políticos deben publicar, con la mayor celeridad, la famosa lista, con el fin de reducir la gran incertidumbre que se ha apoderado de la campaña y que le resta mucha legitimidad a nuestro sistema político. En el caso de Valledupar y el Cesar, estamos a la espera que los propios partidos y movimientos publiquen esos nombres y señalen, con claridad y sin tapujos, a quienes rabo de paja para que no se arrimen a la candela.