Es inconcebible que un servidor del Estado en medio de su voracidad y audacia por atesorar riquezas demande al mismo Estado. No hay legislación que lo prohíba. Sin embargo, queda la sensación de un proceder que raya con lo ético-moral, actuación que corrobora el pensamiento de Erasmo: “La fortuna favorece al audaz”. Además de la remuneración salarial que detenta ese servidor público, el Estado debe asumir millonarias indemnizaciones a favor del demandante, que sin recato acrecienta su patrimonio a través de una doble erogación del erario.
Eso en lo ético, sin relacionar otras demandas que en buena parte son producto de la corrupción, encubiertas en errores judiciales, las que sobrepasan las 475.646 y le representan al Estado colombiano un descalabro equivalente a los $267.8 billones de pesos, según cálculos del Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. Si la justicia fallara a favor de ellos, la Administración tendría que dejar de funcionar un año para destinar todo su presupuesto al pago de esa cuantía.
Aunque el Estado ha sido condenado en los últimos cuatro años 49.467 veces y, por esos fallos, ha tenido que pagar cuatro billones de pesos, ha hecho poco por recuperar ese dinero. Un informe de la Contraloría General de la República advierte que el Estado no solo sigue perdiendo las millonarias demandas en su contra, sino que no utiliza la acción de repetición.
Del total de condenas desde el 2010, tan solo en 545 -es decir, en uno de cada 100 casos- las entidades iniciaron acciones contra sus funcionarios para que respondan por las onerosas indemnizaciones en contra de la Nación. Así, de los más de cuatro billones que el Estado ha sacado del bolsillo de todos los colombianos para pagar sentencias en el último cuatrienio, solo ha intentado recuperar 890.769 millones de pesos.
Se ha demostrado que esta herramienta jurídica ha sido ineficaz en el alcance de su objetivo, y por tanto, no se ha constituido en un mecanismo eficiente que tienda a la recuperación de los cuantiosos recursos y el desmedro de las finanzas del Estado por las condenas proferidas en su contra.
Las demandas contra el Estado, que son a granel, no solo representan cerca del 50 % del PIB, sino que afectan las cuentas fiscales, asociadas con sonados casos de corrupción como los de Odebrecht, Reficar y otros que resultarían interminables enumerar, a juzgar de denuncias contra la abogada Ana Karina Pacheco Caro, convertida en la reina de las demandas, como responsable de dos de los tres procesos de mayor cuantía que se han presentado y cuyas pretensiones suman 38 billones de pesos, contra quien la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado interpuso una queja disciplinaria por presuntamente “abusar de las vías de derecho”.
Por Miguel Aroca Yepes