Los subsidios agrícolas han sido siempre tema de debate en la Organización Mundial del Comercio (OMC), con argumentos tanto a favor como en contra. Son instrumentos útiles para apoyar a los agricultores y promover el desarrollo rural, pero también pueden generar distorsiones en los mercados y fomentar la corrupción.

Es común que la mayoría de países destinen partidas significativas de sus presupuestos para subsidiar la producción de alimentos, debido a los altos costos y riesgos que implica desarrollar una actividad a cielo abierto en zonas rurales.

La mayoría de esas ayudas económicas se otorgan a los agricultores para proteger sus rentas, especialmente ante riesgos climáticos y fluctuaciones de precios. También se destinan para facilitar el acceso a préstamos a tasas de interés favorables, asistencia agronómica y transferencia de tecnologías. En la mayoría de los países desarrollados, las ayudas económicas se destinan con criterios técnicos, sin intermediarios y enfocadas a aumentar la productividad (rendimientos por hectárea), garantizar la demanda local e impulsar las exportaciones.

En Colombia sucede todo lo contrario. Las ayudas al campo se entregan bajo criterios políticos, de forma arbitraria y sin ninguna focalización hacia la productividad ni las agroexportaciones. Además, pasan por varios peajes de intermediarios que sirven como vehículos para la entrega final del subsidio. Es exactamente lo que está sucediendo con los subsidios que el Ministerio de Agricultura destinó este año para el seguro agropecuario, tasa de interés, compra de fertilizantes, programas de reforma agraria y cofinanciación de proyectos productivos que se manejan a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio.

El incentivo de seguro agropecuario, por ejemplo, es un instrumento creado para proteger los ingresos de los agricultores ante los riesgos climáticos de sequía, vendavales, inundaciones y heladas. El Gobierno subsidia hasta el 85 % del valor de la póliza y el agricultor paga el 15 % restante. El pasado 14 de mayo, la jefe de la cartera agropecuaria destinó 128.000 millones de pesos para subsidiar las pólizas de pequeños y medianos productores. El 12 de junio (28 días después), ya se habían ejecutado 90.000 millones (76,5 % de los recursos), algo bastante extraño, debido a que la expedición de una póliza de seguro agropecuario exige —como cualquier póliza de vehículo o vivienda— una inspección al cultivo y establecer las condiciones de precio, deducibles, tasación del siniestro y plazo de pago.

Lo mismo sucede con las tasas de fomento para microcréditos rurales. Este programa, administrado por Finagro, hizo que 485.688 inocentes y necesitados microempresarios rurales se endeudaran por 1,2 billones de pesos a tasas de interés por encima del 40 % efectivo anual, entre los años 2018 y 2024. Lo peor del cuento es que el Fondo Agropecuario de Garantía (FAG) respaldó ante las entidades financieras hasta el 80 % de los préstamos. Es como si le instituyeran a los pobres de las zonas rurales un “Pagadiario” formal. La Contraloría General de la República, la Superintendencia Financiera y la Procuraduría General de la Nación no se dieron por enteradas. Esto huele a podrido, y no es alimento.

Por: Indalecio Dangond.

Experto en financiamiento agropecuario.