Las conclusiones del consejo de seguridad que oportunamente convocó el gobierno departamental en el municipio de Pelaya, después del criminal atentado contra el territorio y el desarrollo de nuestro entorno, es un indicador del modelo de gestión del orden público que hizo carrera en éste “régimen de traslados” desde algunas regiones.

En efecto, se conocieron los detalles de la violenta incineración de  maquinaria amarilla y de carga de las empresas KMA Construcciones S.A.S. y Ortiz Construcciones en los frentes de obra que mejoran la competitividad de la Troncal del Caribe; volvimos a  padecer la dimensión terrorista de quienes asentados en el Perijá imponen con sus lógicas de guerra, agendas extorsivas que hemos denunciado. 

El acto del lunes es una afrenta contra todos los colombianos que  demandamos la modernización del sistema de transporte vial; contra la región que urge vías alternas para superar los bloqueos y accidentes; contra la cadena de valor de bienes y servicios locales que requiere conexión segura, y por supuesto contra las empresas, los trabajadores y la confianza en nuestro medio. 

La respuesta de la Gobernación del Cesar desde el consejo de seguridad fue la evaluación y seguimiento de los hechos, así  como su traslado al Gobierno nacional. “Hicimos diligente remisión de lo ocurrido  y exigimos que Bogotá resuelva la violencia  sembrada en los campos  y pasajes cotidianos del departamento”. 

Se confirma  que el asunto fue documentado a los mandos nacionales de la fuerza pública y el ministro de la Defensa fue oficialmente informado. Es la unívoca sentencia del secretario que presidió el evento. El traslado y permanencia en el alto Catatumbo de contingentes del BAEEV  3 y del Batallón Ayacucho, sigue aún sin valoración de las autoridades locales, y mientras tanto seguimos expósitos, incluida la misma fuerza pública.

Desde mi elemental ciudadanía y  mediando el llamado ya advertido al Gobierno nacional, es imperativo precisar que las circunstancias que vivimos, especialmente en el centro y sur del Cesar, demanda de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán y su secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, ejercer la responsabilidad de jefe de Policía y responsable del orden público en el departamento. 

Liderazgo departamental

Es una competencia de la esencia de la autoridad territorial, que está investida de las herramientas y medios para la efectiva intervención. La vulnerabilidad de los  municipios, la exposición de las organizaciones sociales en la ruralidad, y los ciudadanos inermes no pueden seguir padeciendo el sometimiento de  delincuentes; sin descuidar  la complejidad del teatro criminal en el vecindario, con presencia del ELN desde hace medio siglo,  las máscaras del Clan del golfo,  y los agentes oficiosos que hacen la tarea ilegal sin cuartel definido. Nos corresponde responder esta tragedia que socava nuestra existencia.

El liderazgo del departamento en los planes de seguridad requiere estrategia y enfoque para intervenir el fenómeno criminal con una ruta que articule el conjunto de entidades de investigación, judiciales y de control; la intervención de un espectro criminal diverso, potenciado por el narcotráfico y el asalto de la contratación pública,  además del conocimiento de los códigos y canales de gestión de la fuerza pública, demanda una lectura permanente de las aristas que develan las fragilidades que efectivamente tienen los enclaves criminales aquí presentes. 

Lo determinante es hacer inteligencia básica en  clave de movilidad, y desde los corredores estratégicos, prevalidos de la imprescindible confianza y apoyo ciudadano, develar las estructuras, judicializar sus miembros y neutralizarlos.

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Nos corresponde integrarnos especialmente con Norte de Santander,  pues el riñón del Catatumbo está en nuestros patios en Altos de Bobalí, que deriva por los Laureles, Lucero y Carrizal a la Cueva del Chulo en Pelaya, donde estaba servida la violentada Unidad Industrial de la concesión Autopista del Río Grande. Al desconocimiento del territorio debemos ahora reconocer que la acciones de seguridad que adelanta el gobernador Yamil Arana en el sur de Bolívar, ha desplazado bandas que se han camuflado en el entorno de la Zapatosa y núcleos urbanos.

En absoluto pretendemos sustraer al Gobierno nacional de su responsabilidad en el asunto, pero resulta impajaritable que los tiempos, sus realidades y aconteceres imponen prioridades que el gobierno territorial no puede aplazar, ni mucho menos trasladar a quienes desde Bogotá no conocen por donde transita esta  tragedia criminal que seguimos resistiendo. Escúchennos para que no sea hasta siempre.

Por Crisitian Moreno, exgobernador del Cesar.