Las verdades y mitos de la Ley de Tierras que el Gobierno Nacional pretende implementar vía fast track (vía rápida) y que despierta sinsabores y dudas en los gremios de la producción serán dados a conocer hoy en el foro sobre ‘Seguridad Jurídica y Ordenamiento de la Propiedad Rural en Colombia’.
La jornada, liderada por la Federación Nacional de Departamentos, la Cámara de Comercio de Valledupar, la Gobernación del Cesar y apoyada por EL PILÓN, se realizará en el hotel Sicarare, a partir de las 8:00 a.m.
El director general de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, aseguró que “el decreto-ley para el acceso y la formalización de tierras estructura el andamiaje necesario para un proceso ágil de acceso a tierras por parte de los más vulnerables, propone las herramientas para la formalización de la tierra a todos aquellos que la trabajan en la informalidad, y establece los criterios para seleccionar a los beneficiarios”.
Aseguró que este Decreto-Ley no aborda asuntos relacionados con expropiación por vía administrativa ni extinción de dominio, que estas disposiciones normativas hacen parte de un proyecto de ley que el Ministerio de Agricultura radicará ante el Congreso, y que la medida parte del respeto por la propiedad privada. “De hecho en el artículo primero se establece que ninguna de las disposiciones de la norma puede interpretarse o aplicarse de tal forma que se afecte la propiedad privada legalmente adquirida”, acotó.
Índice de informalidad en Cesar
De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Tierras, en el Cesar existe un total de 83.918 predios, con 740.256 hectáreas, de los cuales 38.986 son informales, con un porcentaje de informalidad del 46 %, 3.718 son predios con falsa tradición, con un área de 21.958 hectáreas. Hay 11.520 de predios sin matrícula inmobiliaria, con un área de 54.054; existen 5.817 predios con mejora, con un área de 50.740 hectáreas.
¿Quiénes son sus beneficiarios a título gratuito?
-Los trabajadores y las asociaciones con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente en especial víctimas, mujeres rurales y población desplazada, que tengan un patrimonio neto menor a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
-Personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento.
-Mujeres y víctimas del conflicto armado.
-También serán beneficiarios a título parcialmente gratuito quienes ostenten un patrimonio neto que supere los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no excedan los 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En cifras
-Se estima que más de 800.000 hogares campesinos no tienen tierra bajo ningún concepto (propia, escriturada, arrendada, posesión, tenencia, entre otros). Es decir, el 53 % de las familias que se dedican a la actividad agropecuaria no tienen tierra.
-El 70 % de las tierras que están poniéndose a producir ocupan únicamente el 5 % de toda el área potencialmente productiva del país.
-Tan solo el 2.8 % de las fincas productivas del país miden más de 100 hectáreas.
-El 90 % de los baldíos adjudicados por el gobierno nacional en los últimos 23 años no alcanzan si quiera la extensión de la UAF (Unidad Agrícola Familiar).
-Se estima que más de ocho millones de predios poseídos carecen de título de propiedad.
-7.500 familias que hace años erradicaron cultivos de uso ilícito accederán a los títulos de propiedad con mecanismos ágiles de formalización.
-Apenas el 43,8 % de las personas que recibieron tierra del Estado en este lapso, continúan explotándola.
-Tan solo el 39 % de los adjudicatarios entre 1994 a la fecha manifiesta que sus condiciones de vida han mejorado. En otro sentido, más de la mitad de los adjudicatarios siguen con tantas necesidades como antes de recibir el predio.
-Los mecanismos actuales para resolver un conflicto sobre tierra entre el Estado y un privado son tan lentos, que a 2014 había 20 familias a la espera de una solución desde hace 47 años. 76 familias a la espera de una solución desde 1990. Y 1.567 familias esperando respuesta a sus conflictos desde el año 2000.
Puntos clave del Decreto- Ley de Tierras
* Se limita a cumplir estrictamente con lo consignado en el Acuerdo de Paz en lo relacionado con asegurar las bases de la Reforma Rural Integral.
* Brinda herramientas que permitirán reducir a un único procedimiento los 52 que existen actualmente para acceder a tierras y que con los años se convirtieron en un viacrucis para los campesinos.
* Establece un procedimiento único, ágil y expedito para garantizar un mayor acceso a la tierra.
* Garantiza el cumplimiento de las metas de acceso y formalización, respetando la legítima propiedad privada tal cual hoy se encuentra regulada.
* Reduce la conflictividad en el campo pues plantea reglas claras para vender, comprar y usar la tierra.
* Ordena los asuntos de la propiedad rural y promueve el tránsito de un campo informal donde impera la ley del más fuerte a un campo que respeta la formalidad, el apego a la ley y las instituciones.
* Genera, junto con otras medidas, un cambio transformador en el territorio que ayuda a cerrar las brechas entre el campo y la ciudad.
* Focaliza intervenciones masivas en el territorio nacional a través de un barrido predial para reconocer y asignar derechos sobre la tierra.
* Promueve la participación de los campesinos en el proceso de elaboración de los planes de ordenamiento de la propiedad rural en armonía con las instituciones y las necesidades de cada territorio.
* Incluye salvaguardas para las comunidades étnicas que respeta y garantiza su autonomía y autodeterminación de los derechos territoriales.
Agencia Nacional de Tierras en Cesar
La Agencia Nacional de Tierras hace presencia en el departamento del Cesar a través de procesos de formalización de la pequeña propiedad privada y procesos de descongestión del rezago dejado por Incoder en adjudicación de subsidios integrales de reforma agraria, y también mediante constitución y ampliación de resguardos indígenas e iniciativas comunitarias para estas comunidades.
En la ciudad de Valledupar cuenta con un Punto de Atención de Tierras, ubicada en la calle 16 No. 9-30 Piso 11, Oficina 1104. Entre sus funciones está: la formalización de predios rurales, de descongestión de subsidios integrales de reforma agraria, SIRA; e impacto en las comunidades indígenas.
Gracias a la alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia Nacional de Tierras adelanta proceso de formalización de la pequeña propiedad privada en los municipios de Bosconia, El Paso, La Paz y San Diego, donde se están atendiendo 355 solicitudes declaradas viables.
De forma adicional, en la zona veredal del municipio de La Paz también se adelanta proceso de caracterización de los predios para la posterior formalización de las fincas vecinas a la zona, de modo que también se les garantice la seguridad jurídica a las familias que las habitan.
La Agencia suscribió un convenio con la organización ACDI-VOCA para descongestionar los procesos de adjudicación de subsidios en 116 municipios en todo el país, de los cuales cuatro se encuentran priorizados para el departamento del Cesar: en Codazzi, dos proyectos para cuatro familias; en Becerril, con un proyecto para una familia; en Curumaní, un proyecto para cinco familias; y Tamalameque, con cuatro proyectos para 18 familias.
En Pueblo Bello y Valledupar la Agencia interviene mediante la constitución y ampliación de resguardos indígenas, apoyo a iniciativas comunitarias en beneficio de los pueblos Yukpa, Kankuamo, Kogui y Arhuaco.
Ponentes del foro
En el foro estarán como ponentes: el director de UPRA, Felipe Fonseca; la directora de Asorinoquia, Clara Serrano; el secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, Anatolio Santos; y el presidente de Augura (Asociación de Bananeros del país), Juan Camilo Restrepo, en el marco de un panel denominado Planes de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Beneficios de los Programas de Tierra y Explotación Deficiente de los Predios.
También harán presencia el asesor de la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras, Andrés González; el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez; el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; y el director de Dignidad Agropecuaria, Oscar Gutiérrez. Aquí moderará el asesor del FND, Enrique Herrera, en el panel 2 que será sobre Institucionalidad y Seguridad Jurídica de la Propiedad Rural.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN