De cara a las próximas elecciones del 2022, la mayoría de los congresistas del Cesar votaron a favor de artículo 125 del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2022, el cual suspende el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en la que se prohibía a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales del orden municipal y departamental, celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección.

Aunque muchos cuestionaban su utilidad, dicho inciso fue creado para evitar que en temporada electoral los contratos tuvieran incidencia en las elecciones. Ahora, con su suspensión, se permitirá durante la vigencia fiscal del 2022 “celebrar convenios con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”, cita textualmente el artículo.  

La Cámara de Representantes y el Senado, con 98 y 54 votos a favor, respectivamente, le dieron viabilidad a la modificación. En ese sentido, una fuente del Congreso consultada por el diario EL PILÓN aseveró que todos los congresistas del Cesar votaron positivo la suspensión del inciso de la Ley de Garantías porque sin la “popular mermelada no se puede vivir”. 

En un tarjetón de la votación que ha sido difundido a través de redes sociales figuran los nombres de los congresistas Eloy Chichí Quintero, del partido Cambio Radical, y José Eliecer Salazar, del partido de la U, como votantes a favor del derrocamiento de la Ley.

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Además de la viabilidad a los contratos, también se incluyó que los convenios que se suscriban bajo el artículo 125 serán objeto de un control especial por parte de la Contraloría General de la República. 

De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el artículo no suspende la Ley de Garantías, solo permite la contratación para el desarrollo de infraestructura viales, proyectos de agua potable, entre otros, con el propósito de que no se detengan durante la jornada electoral y no se afecte la reactivación económica de los diferentes departamentos. 

Sin embargo, la organización no gubernamental Transparencia por Colombia, manifestó que la modificación de la ley es irresponsable porque presuntamente aumenta “los riesgos de desvíos de recursos públicos hacia propósitos electorales”, lo cual pone en peligro la transparencia de las elecciones y aumenta los favoritismos políticos por medio de procesos contractuales. 

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¿EL PROYECTO Y LAS ELECIONES? 

Según dijeron a EL PILÓN congresistas de oposición, votaron negativo porque el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2022 disminuye las inversiones destinadas para las áreas de ciencia y tecnología, medio ambiente e incrementa los gastos del Ministerio del Interior, Cancillería, Presidencia de la República y los órganos de control. 

Por otro lado, señalaron que el artículo 125 es “un instrumento de clientelismo electoral en plena campaña para el Congreso y la Presidencia”. Puntualizaron que incluso el presidente del República, Iván Duque, había advertido que no era conveniente modificar las normas de contratación pública cerca de las elecciones. 

“Quieren convertir la contratación pública en un instrumento para favorecer al partido de Gobierno y a los congresistas que están en el poder. Con ese artículo favorecen representaciones parlamentarias como las del Cesar, las cuales están en manos de la clase política que tiene el poder en ese departamento”, comentó una de las fuentes consultadas.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN

@namiibb