Cuando el presidente prolongó la cuarentena hasta el 11 de mayo, advirtió que a partir del pasado 27 podrían reactivarse algunos sectores.
Las proyecciones del decreto de estado de emergencia calculaban que habría 13.989.853 contagiados, que el 81.5% de los casos serían leves (3.251.730 personas), 13.8 % severos (550.600 personas) y críticos el 4.7 % (187.533 personas). Para el 01 de mayo, había 7.006 casos confirmados, 404 en hospitalización (severos) y 120 en UCI (críticos). Hoy los pacientes covid-19 solo ocupan el 2.2 % de las UCI del país. El número de contagiados y de hospitalizaciones e internamientos en UCI han sido mucho menores que los proyectados.
El 21 de abril, el Ministerio de Salud sostuvo que “inicialmente una persona contagiaba a 2,5 y hoy nos acercamos al valor de 1”. Es un dato importantísimo: si la tasa de contagio baja a uno o menos, el virus está controlado. Así las cosas, advirtiendo que hay que observar con cuidado las tendencias hasta el 11 de mayo, las cifras muestran que la cuarentena funcionó y que no parece haber riesgo de que el sistema de salud colapse.
Así, ya no hay justificación para la cuarentena y, por tanto, las medidas extraordinarias de suspensión y limitación de derechos y libertades que se tomaron en el marco del estado de emergencia deben levantarse y solo pueden establecerse las restricciones estrictamente indispensables para evitar un crecimiento exponencial de los contagios. Esas medidas deben ser siempre proporcionales y temporales. Solo deben aplicarse por el tiempo que sea estrictamente indispensable y ni un minuto más.
Las medidas de cuarentena son, de lejos, las más severas que se hayan tomado nunca en Colombia. Suspenden las libertades de circulación, residencia, reunión y culto, entre otras, y, lo que nunca había ocurrido, limitan, hasta el extremo de la suspensión en algunos casos, el derecho al trabajo, con todas las terribles consecuencias que ello tiene.
Fenalco anunció que el 38 % de sus afiliados cerraría o entraría a la ley de insolvencia y, de los restantes, el 69 % despediría entre el 25 y el 75 % de su personal. Fedesarrollo prevé que, como mínimo, 1.400.000 colombianos perderán su empleo este año.
El Gobierno nacional, y los departamentales y municipales a los que les ha delegado definir los mecanismos de reactivación de algunos sectores de la economía, tienen que ser absolutamente transparentes, claros y precisos en la razón de la prolongación de las medidas y en la justificación de protocolos y procedimientos con el menor recorte posible a los derechos y libertades. No pueden decidir o hacer lo que se les venga en gana. Todo, absolutamente todo, debe ser lo estrictamente necesario, adecuado y proporcional. La emergencia no suspende la democracia ni nos lleva a un sistema autoritario.