La ley de garantías ha sido instituida en la Ley 906 de 2005, busca prohibir a los gobernadores, alcaldes, secretarios, entre otros servidores de entidades estatales del orden departamental, distrital y municipal, constituir o celebrar contratación pública mediante la modalidad de contratación directa, a través de contratos de prestación de servicios y convenios interadministrativos durante los cuatro (4) meses anteriores a cualquier elección.
De manera que a partir del 29 de junio de 2023 es la restricción contractual territorial e inician inscripciones de candidatos. La norma “restringe la celebración de convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos públicos, participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades a su cargo”.
De tal modo, notoria preocupación para muchos que se desempeñan como contratistas y quedan desempleados por la restricción de la contratación pública. En ese sentido, el parágrafo del artículo 38 señala restricciones en la contratación pública a gobernadores, alcaldes municipales y distritales, secretarios, gerentes y directores.
Impera insistir, las conductas ajenas al buen proceder, contratistas de mala fe que buscan censurar principios de la función pública persisten, las prácticas de corrupción en algunas entidades florecen.
Por supuesto, endurecer las Leyes con antecedentes transparentes restaura la confianza de la institucionalidad y la sensatez de quienes ostentan como ordenadores del gasto, sella lo que carcoma los recursos de la contratación en Colombia.
Con ocasión del proceso electoral territorial, el próximo 29 de octubre de 2023, elecciones a gobernadores, diputados, concejales municipales y distritales, ediles o miembros de Juntas, Administradoras Locales, alcaldes municipales y distritales.
Por otra parte, aplaudible visita del gabinete del gobierno y el presidente Petro, al departamento de La Guajira, prevalezca la institucionalidad, con diligencia, coherencia en la agenda del poder ejecutivo esta última semana de junio, se prioricen y se logre el punto de equilibrio para ejecutar proyectos con criterio sostenibles para el desarrollo peninsular, con el reciente fallo que ordenó continuar con la represa de agua del sur de La Guajira y solucionar la incapacidad estatal de desnutrición de menores indígenas, no basta una ley en papel muerta.
Oportuno, recordar apartes de la emblemática canción “Dama Guajira”: Majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando a un reino, luciendo con soltura y elegancia, una gigantesca manta y joyas de misterio, claro tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón piedra, pa` los gringos su carbón de piedra, y pa` nosotros, que comamos piedras”.
De manera que, las variables económicas a solucionar a corto plazo están relacionadas con el desempleo, el hambre, el control y seguimiento eficaz a los recursos públicos.
El pensamiento departamental y regional deberá exigir y poner en práctica políticas públicas de gobierno con gobernabilidad y sepultar la “retórica”, con compatriotas y profesionales idóneos. Al telón de la corrupción y el fantasma del doblaje “libreto de campañas” hay que vencerlo con buenas prácticas de gobierno.
La región Caribe no puede seguir atada al desarrollo económico del carbón, la minería y la ejecución de regalías, esta última, por décadas, hace eco con detrimento al patrimonio, hoy es evidente la pobreza en la alta Guajira, desnutrición y muertes de menores indígenas, desigualdad social.
Corolario, se necesitan líderes y políticos que tomen las banderas con decoro a la defensa de los intereses públicos, prosperen las regalías presupuestales y recobra la confianza con objetivo social y económico a corto plazo.
Por: Raúl Dangond Contreras.