¡Las víctimas!, centro del Acuerdo con las Farc están siendo estafadas. El proyecto de ley de la JEP se olvidó de ellas, pues sus victimarios, sin repararlas, sin contar la verdad, sin romper vínculos con el narcotráfico y sin pagar pena alguna, podrán participar en la próxima contienda electoral.
La ley de la JEP se convirtió en una confrontación entre las Farc, el Gobierno y sus socios en el Congreso, tratando de meter goles amparados en presuntos compromisos inmodificables; y un amplio sector político y de la sociedad tratando de taparlos, respaldados por el mandato efectivo –no presunto– de las urnas, aunque el Gobierno lo haya desoído atentando contra la democracia.
De no ser por la Corte Constitucional, que tapó el primer ataque, ya tendríamos ley estatutaria dictada desde la Comisión de Seguimiento, aprobada en bloque, examinada solo en aspectos de procedimiento y perfectamente ajustada al Acuerdo Final.
Cuando el Fiscal hizo válidos reparos a la JEP, la izquierda, los áulicos del Gobierno y, por supuesto, las Farc, buscaron descalificarlo. Santiago, el abogado fariano, lo tildó de incoherente, le espetó que no era parte del Acuerdo y que si pretendía ser negociador debió haber estado en la mesa. ¡Qué tal!
Vivian Morales demostró dignidad, neutralizando la intentona de permitirles a abogados extranjeros, colegas de Santiago, litigar ante la JEP, no para defender a miembros de las Farc con impunidad garantizada, sino para actuar en contra de sus enemigos.
Cuando las observaciones del Fiscal fueron aprobadas en primer debate, el movimiento “Voces de paz” puso el grito en el cielo y el senador Cepeda radicó proposiciones para tumbarlas en las plenarias de Senado y Cámara.
Las mayorías no aprobaron inicialmente el artículo que permitía a integrantes de las Farc participar en política sin haber recibido las sanciones de la JEP; pero entonces aparece el senador Benedetti solicitando nueva votación. Qué vergüenza. Cuando las cosas no les salen bien a las Farc, el Gobierno interviene para vulnerar el reglamento, pescar senadores escurridizos y garantizar que funcione el chantaje de la Casa de Nariño.
El presidente cumplió su amenaza, echó a Cambio Radical del Gobierno y, de paso, perdió su carta más segura para 2018. Hoy busca raspados de mermelada para sacar la ley estatutaria en las plenarias, mientras las víctimas pasaron del centro de la escena al olvido total.
Nota bene: La Corte fue salomónica, es decir, ni con Dios ni con el diablo. El Acuerdo no se incorpora a la Constitución, pero es referente para su desarrollo legislativo y obliga a los tres próximos gobiernos. Reputados constitucionalistas, por el contrario, recuerdan que, en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Un gobierno, un congreso y una corte diferentes, pueden modificar normas y jurisprudencias.