A través del monitoreo de 36 proyectos que se desarrollan a nivel nacional por un valor superior a los $260 mil millones, la Contraloría General de la Nación encontró presuntas irregularidades en ocho de estos que se desarrollan en los departamentos del Cesar y La Guajira.
Se trata de proyectos de paneles solares destinados para los municipios de La Paz, Pueblo Bello, Codazzi y Becerril, así como para las vecinas regiones de Dibulla, Fonseca y Urumita.
El coordinador de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Fredy Arias, indicó que encontraron presuntos detrimentos patrimoniales relacionados a la calidad de la obra y la decisión de no sostenerlos. Agregó que descubrieron que existe un mismo contratista en varios proyectos con el camuflaje de uniones temporales.
“Es el mismo formulador, hay un personaje que formula los proyectos, que supuestamente los dona al municipio bajo ningún documento oficial y encontramos que, en 8 de esos proyectos existen los mismos contratistas a través de uniones temporales. Esta información obviamente se tiene ya en Procuraduría y se pasa a la Fiscalía para que hagan las investigaciones pertinentes, y en lo que tienen que ver con la Contraloría General que es un tema netamente fiscal ya se están adelantando los procesos”, manifestó Arias.
Los ejecutores de los proyectos en su mayoría son Esco-Compañía de Servicios Energéticos S.A.S.; contratista Baz Marine S.A. y Diselectrico S.A.S.
Otra aparente irregularidad es la misma forma de operar: a través de contratos de obra, cobrando un AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto. Asimismo, se hallaron sobrecostos en el valor de los paneles y una falta de planeación poscontractual, al no tener garantizada la operación y sostenibilidad de los proyectos.
Estos se adelantan con recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD Paz, que es el responsable de viabilizar, priorizar y aprobar las iniciativas de inversión financiadas con recursos de regalías.
Los resultados hacen parte de una Actuación Especial de la Contraloría en la que identificaron 12 hallazgos fiscales en el país por un valor total de 67.230 millones de pesos, de los cuales 9 corresponden al sector Minas y Energía y 3 pertenecen al sector transporte.
El ente de control notificó a los implicados sobre los presuntos daños por los que enfrentarían un proceso fiscal.
“Para el año 2022 también estamos haciéndole seguimiento permanente a través de la unidad con posconflicto donde en siete departamentos se viene trabajando y el mismo modus operandi, una situación que no deja de preocupar a este organismo de control para que se esté prestando en cartelización la plata del posconflicto”, puntualizó Fredy Arias, coordinador de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría.