La visita a Valledupar del procurador general, Fernando Carrillo, generó altas expectativas en algunos sectores de la política y academia de la ciudad. Sin embargo, un contratiempo familiar forzó al jefe del Ministerio Público a retirarse del salón Yui, Hotel Sicarare, antes de tiempo por lo que no pudo escuchar las quejas que presentaron candidatos y ciudadanos del Cesar relacionadas, principalmente, con la presunta comisión de delitos electorales que alterarían los resultados de las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.

La visita de Carrillo a la capital del Cesar se dio en el marco de la campaña Yo voto limpio, que busca reforzar la ética en el ejercicio electoral. En el evento tipo foro realizado este viernes en la mañana, el procurador fue el primero en hablarle a un público expectante de escuchar las acciones que realiza el ente de control para prevenir y sancionar a los funcionarios públicos que pretenden alterar ilícitamente las elecciones.

En un discurso de menos de 20 minutos, Carrillo explicó que el domingo no terminan las elecciones. “Este proceso electoral no termina sino que empieza el domingo. Está la fase preelectoral, la electoral y la fase de escrutinio poselectoral con las demandas que esto implica. Uno se pregunta y no deja de ser grande el sentimiento de frustración de que todo lo que estamos haciendo los entes de control y la ciudadanía sigue siendo absolutamente insuficiente frente a la magnitud de la corrupción que se da en la contienda electoral en la mayoría de municipios de Colombia. Es una especie de mal generalizado donde los ciudadanos se sienten”, argumentó el procurador.

Terminado su discurso, el público se sorprendió cuando Carrillo salió del recinto. A los pocos minutos se conoció que la razón de su marcha fue la hospitalización de su padre en la ciudad de Bogotá. Luego se intentó continuar con el panel que estaba programado en la agenda, no obstante, gran parte del público se levantó exigiendo que escucharan sus quejas. Y así fue.

DENUNCIA DE EXTORSIÓN

Uno de los primeros en hablar fue el abogado y exalcalde de Codazzi, Frank Mosquera, quien aprovechó el evento para compartir la denuncia que presentó en contra del alcalde de Codazzi, ‘Lucho’ Peñaloza. Aunque el jurista no logró el objetivo que lo escuchara directamente el procurador general, sí lo atendieron las autoridades regionales.

“Tenemos un alcalde en Codazzi (Luis Peñaloza) que todas las semanas sale en la prensa regional, que fue suspendido seis meses e inhabilitado por diez años (está en apelación). Tenemos un vídeo de ocho minutos de ese alcalde haciendo política con un candidato de Cambio Radical a la Asamblea del Cesar. Todos vieron ese vídeo: ‘¿Cuántos es que vale de aquí al 27?’ ‘Hay que darle millón doscientos a fulano’. Esta denuncia está en Bogotá. He hablado con el procurador, el fiscal y lo que escuchamos es que la cuestión política las maneja bien y no deja que lo saquen”, señaló el abogado Mosquera.

Asimismo, el abogado relató el caso del contratista que denunció al alcalde de Codazzi por presuntamente pedirle $200 millones a cambio de liquidar el contrato. “Impusimos la denuncia en la Fiscalía y la Procuraduría con los audios donde el alcalde dice claramente: ‘Haz tu los documentos que yo hago el ilícito’. Si todo eso está, ¿qué más esperamos?”, cerró el jurista.
Al respecto, los delegados de la Procuraduría señalaron que por las denuncias de presunta participación en política, extorsión sobre un contratista y la inauguración de obras con la presencia de candidatos, se abrieron investigaciones de indagación preliminar en contra del alcalde de Codazzi, Luis Peñaloza.

En el mismo sentido, la procuradora regional del Cesar explicó que la entidad no tiene la competencia para, en temas electorales, apartar a un alcalde, esto dentro de la solicitud formulada para que Peñaloza fuera retirado del cargo porque su tía es candidata.

“Esa competencia es del presidente de la República. Vamos a trabajar con las denuncias que se han hecho. No podemos, porque me llegue una queja hoy, mañana suspender al funcionario. Debemos respetar el debido proceso”, señaló la procuradora regional del Cesar, Margarita Cuenca.

AGENTE ESPECIAL PARA LA UPC

Además de las elecciones del 27 de octubre, el otro tema clave del evento fue la consulta estamentaria de la Universidad Popular del Cesar para elegir el próximo rector. Elección que ha ocupado titulares de prensa por los señalamientos de fraude y compra de votos.

La vocera de la queja presentada ante la Procuraduría regional del Cesar fue la candidata a rectora, Carmen Alicia Rivera. La aspirante señaló que en las elecciones de la UPC se confeccionan peores prácticas que en las elecciones regionales. Terminada su intervención presentó la denuncia ante las autoridades.

“No es menos cierto que en la Universidad Popular del Cesar estamos en una puja por la elección estamentaria a la rectoría. Yo soy candidata a la rectoría de la UPC y tenemos una queja de un fraude que se pretendía hacer el pasado 16 de octubre pero la consulta virtual se cayó porque no existen las garantías y no están las condiciones. Hemos impuesto las quejas ante la Procuraduría, quejas ante la Fiscalía, pero no se ha hecho nada hasta el momento”, inició relatando Carmen Rivera.

“Nosotros no hemos pedido más que garantía electorales. Si bien es cierto que quizás habrá fraude en el proceso regional, en la UPC se ha comprado votos, se ha hecho constreñimiento, se pretendía obtener un número grande votos a través de la consulta virtual. Nosotros estamos pidiendo que se haga la consulta presencial porque no están las garantías. Le pedimos que a partir del 28 de octubre la Procuraduría ponga el ojo sobre la UPC porque hay más corrupción y clientelismo que en los procesos electorales locales”, cerró.

Enseguida, la encargada de la Procuraduría regional del Cesar, Margarita Cuenca, reveló que el ente abrió una actuación preventiva en el proceso de elección del nuevo rector, aunque reconoció que el proceso se encuentra suspendido. “Pedimos que esas denuncias tan graves lleguen al ente de control, junto a los soportes probatorios, para poder iniciar una acción disciplinaria independiente de la acción preventiva”, solicitó la procuradora regional. Además del proceso, la autoridad disciplinaria anunció que se designará un agente especial para que acompañe de forma preventiva el proceso desde la próxima semana.

DENUNCIA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN

Continuando la discusión y denuncias sobre posibles delitos electorales, uno de los asistentes reveló que ante el Ministerio Público formuló una denuncia en contra de funcionarios de la Administración de Valledupar por la presunta comisión del delito de corrupción al sufragante.

“El municipio de Valledupar tiene una planta de 274 funcionarios, una planta global. Hoy en día tiene más de 1.000 contratos de prestación de servicios firmados. ¿Qué significa? Tienen una planta paralela de 400 % en prestación de servicio de apoyo a la gestión. Quiere decir que por cada servidor de la Alcaldía, tienen cuatro de apoyo a la gestión. ¿Cómo se tipifica el delito? En que lo hacen de febrero a agosto y los últimos 500 o 600 contratos los realizan justo antes que entre en vigencia la Ley de Garantías. Allí se rompió el equilibrio electoral porque todos esos contratistas van en favor del candidato de la administración. Le exigen listas de 20 o 30 familiares y que deben asistir a la reuniones”, relató el denunciante.
Asimismo agregó que posiblemente se violó la Ley de Garantías. “Hace cuatro o cinco días se presentó la queja al señor procurador. Hay nóminas paralelas al servicio de la campaña. Dentro de la Ley de Garantías se prorrogaron contratos de prestación de servicio. Si se analizan los estudios de conveniencia de esos contratos se puede dar cuenta que no existía la necesidad de esa licitación. Se ha replicado en cada uno de los entes descentralizados del municipio. Por ejemplo, Fonvisocial tiene una planta de ocho funcionarios y tiene 90 contratistas de prestación de servicio”, agregó el quejoso.

Aunque el receptor que esperaban los denunciantes (procurador general) no recibió el mensaje, si fueron escuchados por las autoridades regionales quienes solicitaron que presenten las denuncias pero con los elementos probatorios necesarios.

DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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