Señales de alarma ha dado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se reúne por estos días, en Lima, la capital del Perú, con motivo de su sexagésima séptima asamblea, uno de cuyos temas principales es el de los riesgos sobre la libertad de prensa en América Latina.
Además de las señales de alarma por la violencia eventual que se cierne sobre los periodistas y los medios de comunicación, en esta parte del mundo, donde se han registrado la muerte de 21 periodistas en lo que va corrido del año; esta vez la SIP ha expresado su preocupación por el surgimiento de leyes que buscan controlar y coartar la libertad de expresión.
No es una casualidad que varios de los casos más alarmantes de normas y atentados contra la libertad de prensa, se estén presentando en Ecuador y Venezuela, países que se caracterizan por tener regímenes populistas y de izquierda, a los cuales no les gusta la crítica y tienen un historial de hostilidad y amenazas sistemáticas contra los medios y los periodistas críticos e independientes.
Uno de los casos más graves es el que se ha presentado en Ecuador, en donde un Tribunal ratificó un fallo contra el diario El Universo, que le impone tres años de prisión a tres de sus directivos y además una multa de US $42 millones, por una condena en un caso que el Presidente Rafael Correa consideró injurioso y calumnioso.
En el Perú también se registra un caso similar; el periodista Paul Garay, se encuentra preso desde hace 18 meses, por el supuesto caso de difamación de un fiscal, a quien calificó de “enano erótico”.
En Venezuela, según señala la SIP, se han registrado varios casos de leyes que atentan contra los medios de comunicación y que, en últimas, pretenden acallar a los periodistas.

Colombia no es inmune a este tipo de casos. Por el contrario, en los últimos meses, con el resurgir de grupos de extrema derecha, y también de otros actores ilegales, han aumentado los casos de amenazas contra periodistas y medios de comunicación.
No obstante, el caso más importante, grave y preocupante para el futuro de los medios, tan grave o más que las amenazas, es un fallo de un juez, en el departamento de  Cundinamarca, contra el periodista, Luis Agustín González, por un editorial contra la empresaria y política, Leonor Serrano de Camargo, ex gobernadora de ese departamento y ex senadora de la República. Este caso constituye un grave precedente para la libertad de prensa en el país, y debe llamar la atención de todos los medios y gremios de periodistas, por cuanto puede hacer carrera que cada vez que un político se sienta mal tratado en una columna de prensa, acuda ante la justicia para tratar de callar al medio y a los periodistas, en general. Esperamos que otras instancias de la Justicia corrijan la situación denunciada.
En el caso de Valledupar y el Cesar, hoy debemos reiterar nuestro rechazo vertical a las amenazas de las cuales han sido objeto, la periodista Ana María Ferrer, integrante del Consejo Editorial de este diario, y el periodista radial JJ Daza, vinculado a la emisora Maravilla Estéreo. Además de nuestra solidaridad, volvemos a llamar a las autoridades para que investiguen estos casos y brinden las garantías necesarias a estos y a todos los periodistas de Valledupar y el Cesar.
Sea esta la oportunidad para felicitar al Círculo de Periodistas de Valledupar, por la realización del “Plantón Solidario”, con motivo de las amenazas contra estos colegas, que sirvió para ratificar que, a pesar de las divergencias propias de la diversidad de opiniones en una democracia, en materia de defensa de la libertad de prensa los periodistas y los medios de comunicación de Valledupar y el Cesar siempre estaremos unidos para luchar por un bien público que le pertenece a toda la sociedad: la libertad de expresión.
De allí que consideremos pertinentes y oportunas, las alarmas que ha hecho la SIP, en su Asamblea desde Lima, Perú, para advertir sobre los riesgos que se ciernen en la región, a un bastión esencial de la democracia, insistimos: la libertad de expresión y el derecho a la información.