Dadas las circunstancias sobre los intentos fracasados para la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, considero menester que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, intervenga al alma mater de los Cesarenses, las irregularidades ocurridas son impresentables y constituyen el aluvión que desbordó la crisis administrativa y académica de la Universidad.

La perspectiva anticorrupción es un reto gigantesco que debe enfrentar la institucionalidad colombiana, la universidad pública debe estar en esa conversación, en aras de neutralizar la progresiva des-financiación, que inhabilita el cumplimiento de su rol misional, lo que en efecto desestimula el proceso que orienta la construcción de movilidad social.

Los estamentos de la UPC, son definidos por la credibilidad que revisten los procesos democráticos, sin embargo, es otra la realidad, la corrupción y la incidencia de actores ilegales procuran el botín con falacias de desarrollo académico, pero tras bambalinas gestionan las ansias codiciosas para devorarla.

El Consejo Superior Universitario de la UPC, está integrado por estudiantes, profesores, egresados, directivas académicas, exrectores, gobernador, presidente de la república, ministerio de educación y los gremios. Estos nueve integrantes tienen entre sus funciones principales la elección del Rector, no obstante, han sido incapaces de acertar con una persona que ejecute un plan rectoral, basado en la condición imprescindible del papel crítico, científico, compromiso social y la formación intelectual y ética que la universidad aporta a sus miembros principales: los estudiantes.  

Los actores de la actividad política tienen el deber de efectuar las gestiones pertinentes, para el logro de la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas educativas, para cerrar las brechas que existen en la garantía del derecho a la educación, asimismo, incidir en las estrategias que la mantengan intolerante con los factores de corrupción y, sobre todo, para que cuente con disponibilidad presupuestal para desarrollar su rol misional.

En contraste, sucede todo lo contrario, la miran con objetivos politiqueros apostándole con jugadores dispuestos a acaparar un presupuesto superior a 80 mil millones de pesos anuales, la nómina de 750 profesores, 400 empleados y más de 14 mil estudiantes (Datos aproximados) . Con razón los procesos eleccionarios de la universidad, coinciden con los desarrollados por la actividad política tradicional, en vez de caracterizarlo por el valor intelectual y del contexto académico.

La grave situación académica, administrativa y financiera de la Universidad Popular del Cesar, me motivan de manera respetuosa a solicitar la intervención del Ministerio de Educación Nacional. Las condiciones socioeconómicas del territorio invocan el concurso de profesionales que en condiciones normales deben ser protagonistas de los procesos de cambio. El oscurantismo inducido en la Universidad, solo afecta a los muchachos de escasos recursos que ven en la educación, la principal oportunidad para surcar las dificultades que les propuso la vida.

Las UPC debe encarrilarse en el enfoque de las Universidades del siglo XXI, las cuales desarrollan esfuerzos en los siguientes interrogantes: ¿La Universidad está respondiendo a las necesidades del país? ¿Hay pertinencia en las carreras ofrecidas en términos prospectivos? ¿Es suficiente la acreditación institucional y de programas con carácter nacional? ¿Es posible pensar en la acreditación internacional? ¿Qué obstáculos se presentan? ¿Para pensar en un mejoramiento de la calidad y evolución institucional de la universidad, en dónde están las prioridades: los profesores, los estudiantes, el plan de estudios, las instalaciones, la investigación y la tecnología? ¿Hasta qué punto el Gobierno es responsable de las actuales dificultades de la universidad en Colombia?