La gente de Buenaventura y del Chocó no tienen agua potable, los alimentos escasean, el servicio de salud público y privado es precario e insuficiente para una comunidad que agoniza de muerte; los niños y ancianos están cada día más enfermos, la corrupción lidera todo, pero el Gobierno Nacional se muestra pasivo, mientras los habitantes protestan por tanta desidia estatal.

Existe un abandono sistemático del Estado y los índices son aberrantes: el desempleo promedia el 70 % y el analfabetismo alcanza el 17 %, qué horror. Ciudades como Buenaventura solo tiene una cobertura del 60 % del vetusto alcantarillado y el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas se estima que es tres veces mayor que el de otras ciudades. Por ¡Dios!

Entretanto, las manos corruptas de la escoria política de esos conglomerados (ya irrigada en toda la nación y en el Cesar está vivita y coleando) saquean hospitales, obras de infraestructura, la educación y los alimentos de los niños y de los ancianos.

Los habitantes se han visto obligados a protestar y hoy están sumidos en un paro cívico, mientras el resto del país los mira con lástima y les critica su actuar. Qué pasivos somos todos con nuestros hermanos que están ofrendando sus vidas, sus hijos, su futuro y el presente para lograr conquistar mejores formas de vida.

Buenaventura y el Chocó están solos. Entretanto, todo el país es indolente con nuestros hermanos de color. Pareciera que ellos fueran rufianes y no gente de bien.

Los habitantes buenos del Chocó y Buenaventura esperan que el país se una a ellos y se movilice para que su triste historia de angustia acabe. Piden que Colombia sea solidaria como lo fue con el excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, de quien los medios masivos acusaban de corrupto.

Pareciera que en Colombia nuestros valores están invertidos. Hoy salimos porque los corruptos, quienes terminan de robarse al país, nos convocan y seguimos votando. Son los mismos con las mismas, los mismos que en tantas décadas han postrado a las comunidades de Buenaventura y el Chocó.

Son tan corajudos los políticos que cuando ya se pensionan ponen a sus hijos y salen a la plaza pública a decir que hay cambios de generación. No hay que citar ejemplos porque en los departamentos del Cesar y La Guajira hay motones.

Toda esa aberración que nos asombra en el Congreso de la República se presenta también en las instituciones.

Hay millones de ejemplos, ya lo dije, ahí está el Sena regional Cesar de cuya institución se afirma que está sumida al vaivén de los políticos, en donde la convocatoria es una farsa. También está la Universidad Popular del Cesar abrazada a una minoría que se obstina en dejar el poder. En el Consejo de Estado cursan seis demandas de nulidad de la designación del actual rector Carlos Emiliano Oñate, el mismo que en meses pasados el Consejo de Estado lo tumbó del cargo. Sin embargo, ahí está con todos sus derechos y fue –nuevamente- designado por el Consejo Superior Universitario.

Es decir, que de un momento a otro el Consejo de Estado tomará dos posiciones: ratificarlo o tumbarlo del cargo; entonces, ¿para qué tanto desgaste institucional?

Pareciera que es lo mismo que está pasando en el Chocó y Buenaventura, pero la diferencia es que esas comunidades no tienen abogados que los defiendan de tantos vejámenes, mientras que se afirma que en el Universidad Popular del Cesar eso sobra. ¿Eso es cierto? Y si es cierto, ¿quién paga? Averígualo Vargas. Hasta la próxima semana.

Por Aquilino Cotes Zuleta

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