La reforma tributaria se ha convertido en el centro de la discusión pública. Así ha sucedido durante las últimas décadas porque no pasan dos años sin que el gobierno de turno deje de presentar su salvavidas a las finanzas públicas. Siempre hay una emergencia y siempre se dice que debe hacerse una gran reforma estructural y no de coyuntura. 

Pero es un hecho sobresaliente que la reformas estructurales no pasan de ser buenos deseos y que las cosas se van como un corcho en remolino a las volubles veleidades de la política y aquello que se propone termina transformándose, en tal medida que no pocas veces los gobiernos fueron por lana y terminaron severamente trasquilados.

Este proyecto de  reforma estuvo precedido de una comisión más, ya no una que verificara los ingresos, que son las más frecuentes, tampoco de una de racionalización del gasto, sino de otra de expertos sobre los impactos de las denominadas exenciones tributarias que se conceden a ciertas personas y sectores por sus características y la deseable voluntad de los gobiernos. A la hora de quitarlas habrá algunas intocables. Digamos las de la economía naranja para el gobierno del presidente Duque, adalid de este renglón que ha visualizado  como generador de progreso y riquezas. Todo va a que nadie quiere que se le carguen impuestos y menos en época de vacas flacas.

Pero también es verdad que entre las conocidas calificadoras, la tradición de sana macroeconomía colombiana, y las angustias de la caja,  la reforma terminará abriéndose paso y encontrándose un justo medio.

Por lo menos es lo que sabemos que ha sucedido siempre y en esta ocasión pronosticamos que no será diferente. Lo más impopular es una reforma tributaria, pero peor es que la economía se derrumbe.

El presidente ha salido, con razón, a afirmar que la reforma, que tiene como hecho generador el siguiente año 2022, solo se recaudará por el siguiente gobierno. Si es así, ¿por qué decide tramitarla? De no hacerlo podría comprometer la suerte del clima económico en los próximos meses, y asistiríamos a un debate electoral en medio de la incertidumbre del electorado.

Serán 90 movidos días de negociación, calentamiento y calistenia, de acomodamiento, micrófonos y pantallas, compromisos y canjes, amenazas y rectificaciones del debate parlamentario. En el partido,  todos a una, enemigos de la reforma. Y el mayor fuego amigo proviene de los dirigentes del partido de gobierno en el ámbito nacional y en el territorial, como tenemos muestras en nuestra región.

Debería hacerse una consideración y especial debate sobre las finanzas territoriales que requieren modernización, regulación y dinámica.  No tiene la entidad territorial la misma flexibilidad de la nación que fácilmente se endeuda; ha sucedido al llegar actualmente la deuda del fisco a niveles del 62 % del PIB anual.

Es amplia la materia de la hacienda pública, para abordarla en pocas palabras como las de  un editorial,  y solo nos resta esperar que el sector agropecuario, los usuarios de bajos y medianos ingresos de los servicios públicos y los ciudadanos más débiles, no lleven del bulto.