Para nadie es un secreto que Colombia es un país con muchos problemas económicos, sociales y políticos. Tenemos mucha gente, millones de personas en situación de pobreza, indigencia y marginalidad; hay una gran inequidad en la distribución de la riqueza y las oportunidades y se requiere un Estado con políticas públicas encaminadas a construir una sociedad progresista, productiva e incluyente.
La Constitución Política de 1991, la que nos rige, permite la protesta social legítima, de todos los grupos de personas que consideren que sus derechos están siendo vulnerados o que quieren manifestarse frente al Estado o a la sociedad en su conjunto, siempre y cuando sea por vías pacíficas, es decir sin acudir a la violencia y sin afectar los derechos de los demás.
No obstante, muchas veces la protesta social se sale de control y termina afectando al resto de la comunidad y generando los llamados problemas de orden público, que deben ser afrontados por la Policía o el Ejército Nacional, según el caso.
Para citar algunos casos, hoy debemos recordar lo que sucedió acá en Valledupar, hace pocos días, cuando varias personas para protestar por los cortes de luz realizados por Electricaribe ante la conexión ilegal y fraudulenta de familias que viven en algunos barrios de invasión de la ciudad, bloquearon las vías de acceso a Valledupar y afectaron, de esta manera, el derecho de otras personas a la movilidad.
A diario en el país se presentan protestas ante distintos problemas y situaciones. Hoy, por ejemplo, se registra en el país una marcha nacional por la salud, que consideramos legítima ante la falta de gestión del gobierno en un tema tan delicado y que afecta la vida de millones de personas. La crisis de la salud no aguanta más y tienen mucha razón las comunidades en protestar ante la indolencia oficial y la falta de un mejor ordenamiento de esa importante política social. Ojalá esta marcha se realice en paz y tranquilidad, y el gobierno nacional escuche el clamor de quienes piden un sistema de salud mejor ordenado y más humano.
Las comunidades indígenas del país, en su gran mayoría sufren, también, el abandono del Estado; está el problema de la tierra, la falta de opciones de proyectos productivos, la pobreza, la marginalidad, etc, y el tema cultural que merece todo el respeto y la autonomía. El departamento del Cauca históricamente ha tenido una comunidad indígena beligerante y con muchas necesidades, que ha marcado una pauta en la historia de la lucha por los derechos de estos sectores.
No obstante, lo ocurrido en ese departamento, donde algunos indígenas agredieron a los soldados y los sacaron de esas tierras merece el rechazo de todo el país. No puede haber territorio vedado al Ejército Nacional y si bien este debe actuar con prudencia y respeto por los derechos de la gente, quienes lideran una protesta social deben tener claro que la misma tiene límites y son la Constitución y la ley, el respeto a los derechos ajenos.
El país debe expresar su respeto al Ejército Nacional, a los oficiales y soldados que actuaron con mesura y prudencia; pero, debe quedar claro que la protesta social no es para propiciar el desorden y el irrespeto a las autoridades legítimas del Estado. Las personas que participaron en estos hechos deben ser investigadas y judicializadas, y no deben ser protegidos por el resto de sus comunidades ya que esto, paradójicamente, sólo sirve para deslegitimar la sana protesta social.
También en Valledupar y el Cesar se debe impedir que la protesta social se salga de sus cauces y termine en problemas de orden público; en este sentido es fundamental la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales, y el apoyo y respaldo de la ciudadanía al Ejército y a la Policía Nacional.