Durante cuatro semanas he opinado sobre las distorsiones del crédito agropecuario, que desvirtúan su  misión de “fomento”, necesaria y urgente por la importancia estratégica del sector y por su vulnerabilidad en el entorno de abandono, ilegalidad, y pobreza rural.

Concluyo este ciclo con un tema que, a pesar de su importancia, ha sido relegado por la política pública agropecuaria, dejándoselo, cuando mucho, a la cooperación internacional. Me refiero a la asociatividad.

La política pública debe responder a la realidad. ¿Por qué se asocia un productor rural? Porque es pequeño, compra insumos “de a poquitos” y costosos, no tiene acceso al mercado y su esfuerzo se lo queda un intermediario. ¿Para qué se asocia? Para comprar insumos baratos, tener garantía de compra de su producto a buen precio; para que le den crédito y asistencia técnica; en suma, para no sentirse tan pequeño, solo y desprotegido.

Esa  realidad tiene cifras: 11 millones de colombianos viven en el campo y el 38 % son pobres. De algo más de 2 millones de productores, 1,5 millones son pequeños. El Censo Agropecuario de 2014 encontró que, de 2,7 millones de unidades productivas, menos del 10 % tenía acceso al crédito. Los pequeños necesitan asociarse, pero no es fácil, es costoso, no hay una entidad oficial que promueva la asociatividad rural, que haría más fácil, entre otras cosas, un gran Programa Nacional de Asistencia Técnica.

La política pública no favorece esa necesidad. De los 19,24 billones de crédito Finagro en 2019, solo el 13 % llegó a los pequeños, y solo se aprobaron 13 créditos a pequeñas asociaciones por 20 mil millones; un porcentaje que no registra mi calculadora.  

¿Por qué las pequeñas asociaciones no llegan a Finagro y prefieren  las cooperativas de ahorro y crédito? Porque si asociarse no es fácil, conseguir un crédito “asociativo” lo es menos, pues tampoco son del gusto de los bancos y los trámites son dispendiosos, a lo que se suma que la garantía solidaria de los asociados como “sobre garantía”, es una amenaza para el patrimonio de un pequeño productor. 

Sobra decir que ese aparente desconocimiento de la realidad está conectado al debate demagógico sobre la tierra y al “negacionismo” de la dramática situación de minifundio y pobreza. Según el IGAC hay 48,5 millones de hectáreas privadas, y según catastro 4,4 millones de predios rurales, para un promedio de 11 ha por predio. ¡Cuál latifundio! Claro que hay producción empresarial que sobrepasa el promedio, para fortuna de la seguridad alimentaria, el empleo rural y la canasta exportadora, pero lo que predomina es la producción minifundista, enaltecida con intereses populistas, pero sufrida por el que la sufre.

A ese pequeño productor que no quiere serlo, porque nadie quiere ser pobre, hay que ayudarle con asociatividad como política de Estado.