La pelea entre los arhuacos y la Gobernación del Cesar por la contratación del PAE
Nueve resguardos de la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta están enfrentados en los juzgados con la Gobernación del Cesar por la contratación del Programa de Alimentación Escolar del 2025.
Nueve resguardos de la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta están enfrentados en los juzgados con la Gobernación del Cesar por la contratación del Programa de Alimentación Escolar del 2025.
La pelea jurídica inició porque, en enero de este año, la Gobernación decidió adjudicar el contrato del PAE para las comunidades arhuacas de Pueblo Bello con una empresa externa. Esto generó inconformidad en 9 resguardos, quienes prohibieron la entrada de los operadores.
Por eso, a pesar de que alrededor de 1.500 niños y adolescentes arhuacos iniciaron clases el 27 de enero aún no han recibido ni una porción del PAE.
La tutela y fallo del juzgado
Uno de los padres de los niños arhuacos interpuso una tutela en contra de la Gobernación, y en primera instancia el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar amparó los derechos de su hijo y ordenó a la Gobernación del Cesar contratar el PAE para nueve resguardos con una organización interna de los arhuacos. La excepción fue el resguardo Busichama, que pide que la contratación se dé a través de un contratista externo.
La Gobernación del Cesar impugnó el fallo para que sea el contratista que ellos eligieron el encargado de operarlo. No obstante, Hugues Fonseca, asesor de las comunidades indígenas, aseguró que, independientemente del fallo, las comunidades arhuacas mantendrán la posición de no aceptar que un externo opere el PAE.
Como señaló el juez de primera instancia, los más afectados en esta discusión son los más de 1.500 niños que no reciben las porciones del Programa de Alimentación Escolar.
¿Qué dice la Gobernación del Cesar?
Según la Gobernación del Cesar, previo a la licitación se realizaron mesas de trabajo, la cuales permitieron evidenciar que existen diferencias entre las autoridades indígenas con la escogencia del operador que suministre las raciones alimentarias, si Asoarhuaco (operador interno) o el operador externo.
La Secretaría de Educación Departamental adjudicó el PAE a la Unión Temporal de La Niñez de la Sierra Nevada 2025, contratistas cercanos a la Gobernación. No obstante, aún no se ha suscrito el contrato porque las comunidades impiden su operación.
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En ese sentido, la Secretaría de Educación aseguró que el departamento se encuentra esperando “una ratificación de las autoridades indígenas y unas actas de la Asamblea General donde conste haber sido autorizado para la ejecución del PAE”.
La posición del juez
Para el juez de primera instancia, acorde con el contexto normativo, “es claro que le asisten a los pueblos indígenas la facultad de intervenir en el proceso de selección de los prestadores del PAE y solicitar la utilización o la escogencia de prestadores indígenas”. Lo anterior, pensando en que “los alimentos suministrados a sus menores se encuentren acorde a sus hábitos alimenticios, a su cosmogonía y su interacción con su forma de alimentarse”.
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“Es claro, que imposiciones contractuales frente a la adjudicación de prestadores del PAE sin consultar la voluntad de todos los resguardos involucrados, constituyen una flagrante violación a garantías de índole constitucional como la autodeterminación y gobierno de los pueblos indígenas, socavando la esencia de una constitución pluralista como la de 1991”, concluyó el juez.