Aunque en la función pública los servidores deben estar preparados para cumplir con sus obligaciones constitucionales y defenderse de los procesos fiscales, disciplinarios o penales que pueden surgir como consecuencia de su ejercicio, en el caso de los concejales de Valledupar es claro que los miembros de la corporación han estado más concentrados en defender […]
Aunque en la función pública los servidores deben estar preparados para cumplir con sus obligaciones constitucionales y defenderse de los procesos fiscales, disciplinarios o penales que pueden surgir como consecuencia de su ejercicio, en el caso de los concejales de Valledupar es claro que los miembros de la corporación han estado más concentrados en defender sus intereses que los del pueblo vallenato. Ayer, la Procuraduría Regional del Cesar los destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 12 años.
Entiéndase bien, que hacemos este comentario por los escandalosos procesos que han tenido que afrontar los corporados de forma cíclica desde el inicio de su periodo constitucional en 2016, por las irregularidades en la elección del abogado Álvaro Castilla.
En ese entonces, los concejales todavía no se habían acomodado bien en sus sillas del cabildo municipal, cuando fueron sorprendidos con una destitución e inhabilidad de 12 años por parte de la Procuraduría Regional del Cesar, decisión que meses después fue reversada en Bogotá por esa misma agencia del Ministerio Público.
Mientras eso ocurría en lo disciplinario el fallo del Consejo de Estado consideró que 15, de los 19 concejales que lo eligieron como contralor de Valledupar, no tuvieron en cuenta que tras la convocatoria para ocupar el cargo, se llevó a cabo un concurso de méritos, quedando tres elegibles, entre los que Castilla obtuvo menos puntuación, y por ello la máxima autoridad en lo contencioso administrativo anuló la elección del funcionario.
Así empezó entonces el estudio de los miembros de la corporación para la nueva elección, pero parece que de nada sirvieron las asesorías que pidieron porque volvieron a tomar una decisión errada con la elección de Omar Contreras Socarrás, cuya elección también fue anulada pese a que él ocupó el primer lugar en el concurso de méritos, pero estaba inhabilitado porque venía de ejercer como defensor del pueblo regional Cesar.
Esa situación solo hasta ayer desencadenó otra grave consecuencia disciplinaria porque la Procuraduría Regional del Cesar destituyó a 16 concejales en fallo de primera instancia. Si no se da un reversazo, como el ocurrido en 2016, entrarían los segundos en lista de cada movimiento o partido político, lo cual restaría aún más la continuidad a los procesos de coadministración del municipio.
Lo peor del caso es que hay muchas posibilidades de que llegue una tercera nulidad y una tercera decisión del Ministerio Público, teniendo en cuenta que también hay procesos pendientes por la elección de Jorge Araujo Ramírez, el sucesor de Contreras Socarrás, hermano del exsecretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez.
La mayor parte de su periodo, los concejales lo han gastado en la elección de contralor, proceso que se convirtió en una verdadera ‘papa caliente’, porque les ha tocado revisar más de lo normal cómo hacer las votaciones de la mejor forma y buscando elementos de prueba para defenderse en los procesos disciplinarios que estas les han acarreado.
Al Concejo Municipal de Valledupar le asiste la obligación ética de realizar una rendición de cuentas de su gestión, contarle a la gente que se ha hecho por la ciudad durante estos tres traumáticos años de ejercicio político. Recordamos que su misión es no permitir que el presupuesto se malgaste, que no se hipoteque el futuro del municipio. Que sea la ciudadanía quien los juzgue.
Aunque en la función pública los servidores deben estar preparados para cumplir con sus obligaciones constitucionales y defenderse de los procesos fiscales, disciplinarios o penales que pueden surgir como consecuencia de su ejercicio, en el caso de los concejales de Valledupar es claro que los miembros de la corporación han estado más concentrados en defender […]
Aunque en la función pública los servidores deben estar preparados para cumplir con sus obligaciones constitucionales y defenderse de los procesos fiscales, disciplinarios o penales que pueden surgir como consecuencia de su ejercicio, en el caso de los concejales de Valledupar es claro que los miembros de la corporación han estado más concentrados en defender sus intereses que los del pueblo vallenato. Ayer, la Procuraduría Regional del Cesar los destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 12 años.
Entiéndase bien, que hacemos este comentario por los escandalosos procesos que han tenido que afrontar los corporados de forma cíclica desde el inicio de su periodo constitucional en 2016, por las irregularidades en la elección del abogado Álvaro Castilla.
En ese entonces, los concejales todavía no se habían acomodado bien en sus sillas del cabildo municipal, cuando fueron sorprendidos con una destitución e inhabilidad de 12 años por parte de la Procuraduría Regional del Cesar, decisión que meses después fue reversada en Bogotá por esa misma agencia del Ministerio Público.
Mientras eso ocurría en lo disciplinario el fallo del Consejo de Estado consideró que 15, de los 19 concejales que lo eligieron como contralor de Valledupar, no tuvieron en cuenta que tras la convocatoria para ocupar el cargo, se llevó a cabo un concurso de méritos, quedando tres elegibles, entre los que Castilla obtuvo menos puntuación, y por ello la máxima autoridad en lo contencioso administrativo anuló la elección del funcionario.
Así empezó entonces el estudio de los miembros de la corporación para la nueva elección, pero parece que de nada sirvieron las asesorías que pidieron porque volvieron a tomar una decisión errada con la elección de Omar Contreras Socarrás, cuya elección también fue anulada pese a que él ocupó el primer lugar en el concurso de méritos, pero estaba inhabilitado porque venía de ejercer como defensor del pueblo regional Cesar.
Esa situación solo hasta ayer desencadenó otra grave consecuencia disciplinaria porque la Procuraduría Regional del Cesar destituyó a 16 concejales en fallo de primera instancia. Si no se da un reversazo, como el ocurrido en 2016, entrarían los segundos en lista de cada movimiento o partido político, lo cual restaría aún más la continuidad a los procesos de coadministración del municipio.
Lo peor del caso es que hay muchas posibilidades de que llegue una tercera nulidad y una tercera decisión del Ministerio Público, teniendo en cuenta que también hay procesos pendientes por la elección de Jorge Araujo Ramírez, el sucesor de Contreras Socarrás, hermano del exsecretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez.
La mayor parte de su periodo, los concejales lo han gastado en la elección de contralor, proceso que se convirtió en una verdadera ‘papa caliente’, porque les ha tocado revisar más de lo normal cómo hacer las votaciones de la mejor forma y buscando elementos de prueba para defenderse en los procesos disciplinarios que estas les han acarreado.
Al Concejo Municipal de Valledupar le asiste la obligación ética de realizar una rendición de cuentas de su gestión, contarle a la gente que se ha hecho por la ciudad durante estos tres traumáticos años de ejercicio político. Recordamos que su misión es no permitir que el presupuesto se malgaste, que no se hipoteque el futuro del municipio. Que sea la ciudadanía quien los juzgue.