Por: ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA

En forma apropiada, el Presidente Santos estableció las prioridades de la política gubernamental para enfrentar la crisis provocada por la ola invernal. Afortunadamente a la primera de ellas se le ha dado la debida atención, pues escasas ha sido la pérdida de vidas humanas luego de los primeros impactos del desastre. Sobre la asistencia humanitaria- segunda de esas prioridades- se ha logrado avanzar, aun cuando no sin tropiezos. El gran reto es, sin embargo, la manera cómo se desarrolle el plan de reconstrucción que, aún cuando el último de esos propósitos  en el orden cronológico, será a la larga el más importante.
Aquí en nuestra región se ha propuesto específicamente el Plan de Estabilización, Reconstrucción y Desarrollo que, acogido por el gobierno nacional, es una promesa que pondrá a prueba la institucionalidad nacional y regional a la hora de satisfacer los anhelos del Caribe. Anhelos del que es parte principalísima el salir de la crisis con un menor grado de desigualdad y de pobreza, frente al resto del país, del que ya teníamos antes de la tragedia invernal.
Para ello se ha dicho –y hay que repetirlo- se necesitan buena gerencia pública, recursos fiscales y unos controles que eviten el desvío de los recursos públicos a manos privadas y la realización de gastos con fines no prioritarios.
Múltiples retos enfrentan las autoridades para que ese  control se realice con buen tino. Para mencionar dos de los más notables desafíos, hay que evitar que se materialice el apetito de quienes ven en la tragedia una oportunidad para financiar sus empresas electorales. También es necesario que los controles se efectúen sin convertirse en obstáculo para el gasto público bien planeado y ejecutado conforme a sanos propósitos.
A este último fin puede contribuir  una participación ciudadana que se cualifique para verificar no solamente la manera específica como se gastan los recursos destinados a los damnificados, sino que tenga la  vocación y la capacidad de opinar sobre la orientación de las políticas públicas diseñadas para la reconstrucción. Lo cual supone  que el fin último del plan sea  la lucha contra la pobreza, mediante un proyecto colectivo de largo plazo que le permita  al Caribe redefinir su futuro en lo social, lo económico, lo ambiental y lo institucional, y  saber que las políticas públicas  son formas de acción organizadas a favor de objetivos de interés común, más que  las simples   decisiones estatales.
Una ciudadanía así calificada debe integrarse con los centros de pensamiento del Caribe, con sus universidades, con las Cámaras de Comercio y otros sectores privados, y desde luego con las veedurías ciudadanas cuyo propósito sea contribuir al buen suceso del interés común, y no disfraz para sustituir la oposición de los partidos políticos. Hay que entender que el problema que ahora afrontamos aquí en el Caribe –y la decisión de salir del mismo mejor y no peor de lo que estábamos antes de la tragedia- requiere de mucha más, y mejor, ciudadanía para acompañar a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a  Auditoría, en las tareas que constitucional y legalmente les competen.

La repentina desaparición de Aurelio Martínez Canabal es una sensible pérdida para la dirigencia del Caribe. Merecido homenaje a su memoria sería que en Cartagena se hiciera realidad el deseo de Enrique Grau Araújo, de que su obra tuviera albergue en un museo especialmente construido allí para ese efecto. Propósito al que Aurelio le dedicó, sin tregua ni fatiga, múltiples empeños en los últimos años de su vida.