Se ha creado un duro debate por la decisión de las redes sociales, ejemplo Twitter, de bloquear las cuentas del expresidente Donald Trump. HéctorAbad en El Espectador del pasado 16 de enero manifestó: “Si unos cuantos empresarios (a veces uno solo) pueden decidir por su cuenta quién miente, quién dice la verdad, quién cumple o viola las políticas de su red social, quién con sus palabras incita a la violencia. La idea de censura y libertad de expresión en las sociedades de tipo liberal pasa por la división entre lo público y lo privado. Se supone que el Estado no puede coartar mi libertad de expresión, pero ningún medio privado de comunicación (o ningún dueño de redes sociales) está obligado a garantizar la libre expresión de los ciudadanos. Me explico: no hay censura si El Espectador decide no publicar esto que estoy escribiendo, bien sea porque no está de acuerdo, porque le parece falso o, incluso, simplemente, porque no le da la gana. Censura sería solamente cuando el Estado obliga a El Espectador a no publicar mis opiniones.
Los privados se atienen al juicio de los ciudadanos, que están de acuerdo o no con sus decisiones, y celebran o rechazan lo que hacen, lo cual se ve reflejado, en el caso de un periódico, en sus lectores o, en el caso de una red social, en sus usuarios. En estos días ha habido una gran migración de WhatsApp a Telegram y a otros servicios de chat, solo por un cambio en las políticas de privacidad de la primera. Es la ciudadanía, se supone, la que resuelve según el libre mercado, cuándo una empresa actúa bien o no. El problema está en ciertas empresas privadas que prestan un servicio público, un servicio social, y entre ellas están las universidades, los periódicos, las redes sociales, los hospitales, el transporte, etc. Este tipo de empresas, creo entender, tienen responsabilidades distintas a las que fabrican sillas o zapatos. ¿Pero cómo regularlas sin que la intervención estatal constituya, precisamente, el tipo de censura que se pretende evitar? Es un problema, francamente, para el que no veo ninguna solución satisfactoria”.
Denuncia, por el contrario, Antonio Albiñan “el poder de la oligarquía digital”, en El Tiempo: “Y que pueden hacer lo que quieran. Falso. Las empresas privadas tienen que cumplir las constituciones, las leyes y los derechos fundamentales. ¿Podría esgrimir un establecimiento, que es empresa privada, su libertad para vender alcohol a menores, o negar la entrada a alguien por motivos raciales? Otro argumento (…) es equipararlas a los medios periodísticos, en los que se decide qué se publica y qué no. Falso de nuevo. Los cinco oligarcas digitales no encarnan medios periodísticos, son unas plataformas de comunicación entre usuarios, sin línea editorial, y no está dentro de su competencia suprimir contenidos de sus comunicaciones, como no lo estaría en una empresa telefónica impedir usar una línea o un celular a quien no le guste lo que dice (…), he ahí la diferencia entre empresas de medios y plataformas tecnológicas”.
Moises Waserman, en el mismo diario, hace 4 díasmanifestaba: “Hay una sentencia famosa de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que en un caso sobre libertad de expresión afirmó que uno tiene la libertad de gritar ¡fuego!, pero no puede hacerlo en un teatro lleno de gente”.