La politización de la justicia y la judicialización de la política son temas de discusión desde hace varios años, y más en Colombia, donde a cada rato quedan en evidencia los políticos que han utilizado el poder judicial para su conveniencia y algunos funcionarios de la justicia que interfieren en los procesos políticos, en ocasiones […]
La politización de la justicia y la judicialización de la política son temas de discusión desde hace varios años, y más en Colombia, donde a cada rato quedan en evidencia los políticos que han utilizado el poder judicial para su conveniencia y algunos funcionarios de la justicia que interfieren en los procesos políticos, en ocasiones con procedimientos irregulares, ya que pueden convertir a cualquier dirigente en sospechoso y cortar sus aspiraciones a cargos públicos.
En ese sentido, con los escándalos ocurridos recientemente en el ámbito nacional, como el que envuelve al fiscal Néstor Humberto Martínez, surgen varias hipótesis: La política es más poderosa que la justicia ó en la justicia no hay suficiente integridad para poner en cintura a los políticos.
El ideal de la política es la justicia, entendida por Platón como el dar a cada cual lo que le pertenece, y por Ulpiano, jurista romano, como la perpetua y constante voluntad de otorgar lo que le corresponde a cada uno. Sin embargo, la historia en Colombia nos demuestra que la justicia es una de las principales carencias del país, más aún cuando se trata de temas políticos.
La justicia y la política, implementadas con transparencia y pulcritud, son la mejor forma de construir y desarrollar sociedades. Mientras esa justa combinación se logra la ciudadanía queda a expensas de algunos jueces corruptos, que aplican las leyes que hace la mayoría de los corruptos en el Congreso de la República.
No obstante, aplicando ciertas leyes, porque no todas son amañadas, los operadores de justicia podrían interferir para que haya una mejor forma de hacer política, pero eso no se logra porque esa posibilidad la tienen en cuenta los políticos cuando diseñan la justicia.
En ese sentido, consideramos que todos los instrumentos que colaboren en una separación más clara de la justicia respecto a la política pueden favorecer el respeto a las instituciones y posiblemente redunde en una valoración más positiva de los ciudadanos respecto al poder judicial.
A propósito de este tema, el pasado viernes, el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, puso en tela de juicio la decisión de Fiscalía General de la Nación que le imputó cargos por peculado por apropiación, asegurando a través de su abogado, que detrás de su proceso hubo un millonario pago de grupos políticos interesados en cortarle las alas al saber que iba a ser candidato en las próximas elecciones regionales.
Consideramos que todos los ciudadanos deben respetar las decisiones de las entidades del Estado, aunque no se compartan. En este caso la cuestionada justicia deberá encargarse de mostrar su correcto actuar institucional y aunque al exfuncionario insista en su inocencia sabemos que la dinámica con que se lleva este tipo de procesos no le permitirá estar en las próximas justas democráticas, al menos que algo extraordinario ocurra.
En conclusión, el Estado colombiano parece estar diseñado para que se roben la plata, se maneje la justicia y así los grandes responsables y únicos condenados sean los ciudadanos del común que eligen a sus políticos verdugos.
La politización de la justicia y la judicialización de la política son temas de discusión desde hace varios años, y más en Colombia, donde a cada rato quedan en evidencia los políticos que han utilizado el poder judicial para su conveniencia y algunos funcionarios de la justicia que interfieren en los procesos políticos, en ocasiones […]
La politización de la justicia y la judicialización de la política son temas de discusión desde hace varios años, y más en Colombia, donde a cada rato quedan en evidencia los políticos que han utilizado el poder judicial para su conveniencia y algunos funcionarios de la justicia que interfieren en los procesos políticos, en ocasiones con procedimientos irregulares, ya que pueden convertir a cualquier dirigente en sospechoso y cortar sus aspiraciones a cargos públicos.
En ese sentido, con los escándalos ocurridos recientemente en el ámbito nacional, como el que envuelve al fiscal Néstor Humberto Martínez, surgen varias hipótesis: La política es más poderosa que la justicia ó en la justicia no hay suficiente integridad para poner en cintura a los políticos.
El ideal de la política es la justicia, entendida por Platón como el dar a cada cual lo que le pertenece, y por Ulpiano, jurista romano, como la perpetua y constante voluntad de otorgar lo que le corresponde a cada uno. Sin embargo, la historia en Colombia nos demuestra que la justicia es una de las principales carencias del país, más aún cuando se trata de temas políticos.
La justicia y la política, implementadas con transparencia y pulcritud, son la mejor forma de construir y desarrollar sociedades. Mientras esa justa combinación se logra la ciudadanía queda a expensas de algunos jueces corruptos, que aplican las leyes que hace la mayoría de los corruptos en el Congreso de la República.
No obstante, aplicando ciertas leyes, porque no todas son amañadas, los operadores de justicia podrían interferir para que haya una mejor forma de hacer política, pero eso no se logra porque esa posibilidad la tienen en cuenta los políticos cuando diseñan la justicia.
En ese sentido, consideramos que todos los instrumentos que colaboren en una separación más clara de la justicia respecto a la política pueden favorecer el respeto a las instituciones y posiblemente redunde en una valoración más positiva de los ciudadanos respecto al poder judicial.
A propósito de este tema, el pasado viernes, el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, puso en tela de juicio la decisión de Fiscalía General de la Nación que le imputó cargos por peculado por apropiación, asegurando a través de su abogado, que detrás de su proceso hubo un millonario pago de grupos políticos interesados en cortarle las alas al saber que iba a ser candidato en las próximas elecciones regionales.
Consideramos que todos los ciudadanos deben respetar las decisiones de las entidades del Estado, aunque no se compartan. En este caso la cuestionada justicia deberá encargarse de mostrar su correcto actuar institucional y aunque al exfuncionario insista en su inocencia sabemos que la dinámica con que se lleva este tipo de procesos no le permitirá estar en las próximas justas democráticas, al menos que algo extraordinario ocurra.
En conclusión, el Estado colombiano parece estar diseñado para que se roben la plata, se maneje la justicia y así los grandes responsables y únicos condenados sean los ciudadanos del común que eligen a sus políticos verdugos.