Las autoridades de Medellín y Bogotá se han visto precisados este mes a decretar la alerta por los niveles críticos de contaminación del medioambiente, que ponen en riesgo la salud, disponiendo el pico y placa ambiental. Y no es para menos, pues la Resolución 2254 de 2017, que regula la calidad del aire, establece que cuando la concentración de material particulado 2.5 sobrepase los 55 microgramos por metro cuadrado se debe decretar la alerta amarilla. Y ambas capitales, otra vez, se han pasado de la raya.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, dijo que los medidas que restringen el tránsito automotor se propone “evitar una contingencia en la calidad del aire que llegue a niveles críticos”. Por su parte el alcalde Enrique Peñalosa adujo una contaminación “anormal” del medio ambiente, debido a la “concentración atípica de material particulado”. Esto está pasando de castaño a oscuro. Al fin y al cabo, Medellín y Bogotá son la 1ª y la 2ª más contaminadas del país, 9ª y 10ª de Latinoamérica.
Según estudio reciente del médico Elkin Martínez, en Medellín fallecen 3.000 personas en promedio cada año por enfermedades relacionadas con la polución ambiental. Y ello ocurre en un país en el que la salud, según la Ley 1751 de 2015 es un derecho fundamental (¡!).

Se sabe y se reconoce que, por lo menos en Bogotá, el 57% del material particulado provienen de las fuentes móviles. Y en el caso de Medellín, el propio alcalde Gutiérrez da cuenta de que el 80% del smog que nubla al valle de Aburrá se origina en la combustión de los motores.
De no haber sido por la mezcla de los biocombustibles, 10% de etanol con la gasolina y 10% de aceite con el diesel, la emergencia ambiental en estas dos capitales y en las demás sería más dramática, pues reducen las emisiones de GEI y de material particulado que envenenan la atmósfera. Gracias a los biocombustibles se están reduciendo 2.5 millones de toneladas anuales de GEI, valiosa contribución esta para el cumplimiento del compromiso de reducir sus emisiones en un 20% hacia el 2030. Por ello no se entiende la reticencia del Gobierno Nacional para aumentar el porcentaje de la mezcla sabiendo que si lo hace se reducen en la misma proporción tales emisiones.

Dicho sea de paso, no se puede comparar el precio del etanol y el aceite, que hay que cultivarlo, cosecharlo y procesarlo, con el precio de la gasolina y el diesel, que son derivados del petróleo, que sólo hay que extraerlo, sin considerar además el beneficio que reporta al fisco al reducir las emisiones y, en consecuencia, el costoso número de enfermos y defunciones por cuenta de la contaminación ambiental.