Este 10 de octubre se movilizan en todo el país los estamentos de las universidades públicas para reclamar y demandar la atención e interés tanto de parte del Gobierno Nacional como del Congreso, en momentos en que las universidades estatales afrontan una crónica crisis financiera que lo amenaza gravemente. Esta será una Gran marcha, la que permitirá visibilizar su problemática y procurar que esta crisis haga parte de la agenda pública, después de tantos años de desdén por parte de los sucesivos gobiernos.

En cuanto al financiamiento la universidad pública acusa enormes falencias. La misma se rige por la Ley 30 de 1992, la cual no responde a la dinámica de crecimiento de la cobertura y de las nuevas y mayores exigencias que ella demanda. De conformidad con el artículo 86 de la misma las transferencias de la Nación a las universidades, desde su entrada en vigencia en 1993, están indexadas con la inflación causada el año anterior

No obstante, como lo señala un estudio del Sistema SUE, “los gastos de funcionamiento e inversión de las universidades en los últimos años, se incrementaron año a año en promedio 10.69%…es decir, alrededor de 5 puntos porcentuales por encima del promedio del ÍPC en ese mismo período”. Allí está claro el descalce entre los recursos asignados por Ley y los requerimientos de las 32 universidades públicas. El efecto acumulado de la reducción de los aportes de la Nación a los presupuestos de funcionamiento e inversión de las universidades entre 1993 y 2015 fue de 44.4%, al pasar de representar el 3.6% del total de gastos del Gobierno Nacional en 1993 a solamente 2% en el año 2015.

Y no es para menos, toda vez que, según cifras de la Asociación Colombiana de Universidades, el número de estudiantes matriculados en pregrado pasó de 159.218 en 1993 a 611.800 en 2016, creció casi 4 veces y la cobertura se amplió entre el 2010 y el 2016 del 37.1% al 51.5%. La verdad sea dicha, los recursos apropiados para financiar la educación superior por parte del Gobierno Nacional, según el SUE, “ha aumentado de $2.21 billones en 2002 a $8.9 billones en 2017”. No obstante, “las transferencias de la Nación a las universidades han tenido un decrecimiento del 55.7% al 37% en el mismo período”.

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República tienen la palabra, ahora que se tramita el Proyecto de Presupuesto General de la Nación es la oportunidad de enjugar el déficit de la universidad pública y evitar así una crisis mayor. Es ahora o nunca!

Amylkar D. Acosta M1