Colombia está siendo conducida, deliberadamente, a un escenario de confrontación, debilitamiento institucional y caos social. El presidente Gustavo Petro no gobierna: confronta, divide, instrumentaliza el poder del Estado y legitima la violencia. Todo en nombre de una supuesta paz, que en realidad es la ruta hacia la descomposición del orden democrático.

Al menos 27 policías y militares han muerto violentamente en las últimas semanas en todo el país. En el Catatumbo, más de 60.000 campesinos han tenido que abandonar sus hogares. Los cultivos ilícitos superan las 300.000 hectáreas, una cifra sin precedentes. La frontera con Venezuela es hoy un corredor binacional del crimen. Las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales actúan con impunidad, ganando poder, armamento y territorio.

Lejos de enfrentar esta amenaza, el Gobierno Petro ha optado por desarmar al Estado y justificar a los violentos. Con medidas como las dispuestas en el decreto 0448 de 2025, ha paralizado operaciones militares, ha entregado territorios bajo ceses al fuego unilaterales, ha desmantelado las capacidades de la Fuerza Pública, ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones públicas y ha atacado de forma sistemática a las instituciones democráticas.

Todo esto no es descoordinación: es estrategia.

El 1 de mayo quedó al desnudo este modelo de manipulación. Petro convocó marchas que fueron promovidas y financiadas con recursos públicos. Miles de indígenas fueron movilizados desde distintas regiones bajo la coordinación de organizaciones que han recibido millonarios contratos estatales. Personas que no entienden con claridad a qué van ni por qué, pero que son llevadas por líderes que ya negociaron sus beneficios. Es clientelismo político con disfraz de movilización popular.

En la Plaza de Bolívar, Petro repitió el guion del chavismo: sacó la espada de Bolívar, y dijo que la desenfundaba “para que el pueblo se defienda”. En vez de gobernar, insulta. En vez de unir, amenaza. En vez de solucionar, hace campaña. Su propuesta de consulta popular no es una búsqueda de participación democrática: es populismo puro y duro, para irrespetar los límites constitucionales y burlarse de la separación de poderes.

Gustavo Petro no está desinformado. Está ejecutando un proyecto político de fractura: debilita al Estado, normaliza el desorden y presenta a sus críticos como enemigos del pueblo.

Colombia necesita recuperar el sentido de autoridad, de legalidad y la seguridad democrática. No hay paz posible sin instituciones fuertes, No hay justicia sin respeto a la ley y al orden constitucional. No hay libertad sin orden. Colombia no puede seguir en manos de un proyecto que normaliza el caos y degrada la democracia. No se trata solo de resistir: hay que recuperar a Colombia.

Por Claudia Margarita Zuleta